Con el ministro de Seguridad, Federico Massoni, como precandidato a senador, la campaña electoral pareció colarse este jueves en la sesión de la Legislatura. La oposición cuestionó la “ineficiencia” del gobierno para resolver el problema de la cantidad de delitos, y desde el bloque Chubut Unido, se pidió declarar la emergencia en esa materia por 6 meses, habilitando la ayuda de fuerzas federales en territorio provincial.
Concretamente, se presentó un proyecto de ley que fue fundamentado por la diputada Leila Lloyd Jones, que consta de dos artículos. En el primero, expresa “declárase la Emergencia en Seguridad Ciudadana en toda la Provincia del Chubut, por un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la presente ley”.
En el artículo 2°, sostiene “requiérase al Gobierno Nacional por intermedio de la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic, la asistencia de las Fuerzas de Seguridad Federal en tareas de prevención de delitos comunes en la Provincia del Chubut. Ello se requiere con la finalidad de proteger derechos y garantías constitucionales, hoy seriamente amenazados, en peligro y/o directamente vulnerados, circunstancias éstas que verifican y acreditan las condiciones de procedencia del presente requerimiento y que se encuentran previstas en el art. 123 de nuestra Constitución Provincial”.
Lloyd Jones leyó los fundamentos del proyecto en el recinto (algo que prohíbe el reglamento), y sostuvo que “se han incrementado los hechos delictivos, al mismo tiempo estos han mutado en sus modalidades de comisión, se han vuelto más violentos y han puesto en serio riesgo la integridad física de las personas, esto es, la vida de las personas, la libertad y su patrimonio”.
Agregó que “el Ministerio Público Fiscal ha hecho públicas estadísticas que indican que entre enero y junio del 2021 se han iniciado 14.529 investigaciones por hechos delictivitos en toda la Provincia. Tales casos se distribuyen en las distintas zonas y ciudades de la Provincia de la siguiente forma: 4.366 casos por hechos delictivos en la ciudad de Trelew, 4.330 hechos en Comodoro Rivadavia, 2.423 en Puerto Madryn y 1.547 en Esquel, 1.163 en la ciudad de Rawson y 475 en la Comarca Andina”.
Para la diputada, “tales estadísticas denotan una altísima cantidad de hechos delictivos con especial concentración en los principales centros urbanos de la provincia, aunque no existe necesariamente una correlación directa entre estas estadísticas y la densidad poblacional”. Y señaló que esto “evidencia de forma ostensible y notoria serios problemas con "la gestión" de la seguridad ciudadana de los y las chubutenses y, correlativamente, pone de relieve la insuficiencia y/o ineficiencia de la gestión estatal que tiene a su cargo —por mandato constitucional- la tarea esencial de proveer y/o garantizar la seguridad de toda la ciudadanía”.
Aludió a que “en la reunión convocada por la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH), fue el propio Ministro de Seguridad de la Provincia quien manifestó no poseer recursos materiales suficientes para garantizar adecuadamente el derecho a la seguridad de los chubutenses”.
Remarcó que “la Policía del Chubut posee 4 veces más personal que la mayoría de las policías del mundo y el doble que las policías del resto de las jurisdicciones locales en Argentina (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En números concretos, ello implica que la Provincia del Chubut posee aproximadamente 1.200 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes, toda vez que la Policía de la Provincia tiene aproximadamente 6.500 efectivos y una población de 560.000 habitantes”.
"Evidentemente, por los datos expuestos, existe cierta incapacidad en la asignación de recursos o bien una imposibilidad por parte del Ejecutivo Provincial para gestionar eficientemente los recursos de modo que le permita a la administración desplegar una política pública de seguridad adecuada y eficaz”.
En ese sentido, planteó que “ante el crítico estado de situación descripto, deviene urgente optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la provincia a través de una complementación operativa sinérgica entre tales fuerzas de seguridad”.
RESPUESTAS
Otro de los legisladores de la oposición, el presidente del bloque de la UCR, Manuel Pagliaroni, sostuvo que “coincidimos en términos generales, hace algunos años presenté un proyecto para que las fuerzas nacionales fuesen autorizadas por esta Legislatura a intervenir ante una ola de delitos en Trelew, pero los otros bloques no accedieron, porque interpretaron que era una postura macrista que vulneraba derechos. Celebro que desde otra bancada se presente esto, y estamos dispuestos a discutirlo”.
Luego le recomendó el legislador al ministro Massoni que si no tiene fondos “hable con el ministro de Economía, Oscar Antonena para conseguir fondos”. El legislador criticó el trabajo de los fiscales y pidió al Poder Judicial que envíen un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para que pueda trabajarlo la Legislatura.
Por otra parte, en referencia a una vecina que habló en la reunión con las autoridades, dijo que “es una víctima que cuestionó a la política y algunas autoridades, y después observé que algunos funcionarios municipales le echan la culpa a las víctimas de lo que pasó en la Cicech, cuando fueron a expresar su miedo, y quieren seguir ejerciendo el comercio”.
“Encima de que son víctimas, les echan la culpa de una movida política, cuando fueron a expresar su dolor. Pido una reflexión a los funcionarios, no pueden responsabilizar a las víctimas”, sostuvo el diputado radical.
Por el lado del oficialismo, el presidente del bloque Chubut al Frente, Juan Pais sostuvo respecto al proyecto de Lloyd Jones que “no coincidimos con el diagnóstico”, y dijo que “no he participado de la reunión en Trelew, desconozco el contexto en el que el ministro ha planteado la insuficiencia de recursos”. Defendió la gestión Arcioni-Massoni, al expresar que “esta gestión ha dotado de bienes de capital a la provincia, que no tiene precedentes y también en cantidad de policías. Es notable como actúan y resuelven en flagrancia los padecimientos de los ciudadanos de bien, se han profesionalizado y mejoran constantemente”.
Para Pais, “plantear el ingreso de la fuerza federal como la solución, es una chanza. La verdad es que no la vemos actuar como debería ante casos de flagrancia, e incluso la ministra Frederic ha justificado la no actuación, y si esto se basa en el argumento de la pobreza, nos augura un futuro complicado”.
Dijo que en Trelew “en la reunión una damnificada manifestó su bronca entendible, y se trata de una víctima en un estado emocional que a duras penas podía hablar, que nos debe invitar a reflexionar. Lo que dijo la señora es algo que uno percibe y es manifestado por muchos vecinos, por lo que merece un debate muchísimo más profundo”.
Y aquí incluyó críticas a la Justicia, al expresar que “los penalistas manifiestan que el problema se resolvería más rápido si los delincuentes estuvieran presos luego de ser condenados, porque en la mayoría de los casos son reincidentes. Son expertos, y hacen inteligencia”.
Remarcó que “los jueces también son funcionarios y se deben al pueblo. Ahora plantean que se suspenda por un tiempo la ley de juicio por jurados, que es un clamor popular, porque la gente confía más en el sentido común que en el criterio de los jueces. Miremos las sentencias, cuando las penas termina siendo en suspenso, son las menores”, concluyó.
