EL CALAFATE.- A 20 días de asumir al frente de la intervención de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández firmó una resolución que deja cesantes a 417 trabajadores que habían sido nombrados por la intervención anterior.
La noticia impactó en el corazón de la cuenca carbonífera y los despedidos quemaron hoy cubiertas en señal de protesta frente a las sedes de la empresa, en Río Turbio y en Río Gallegos. Por el momento, su reclamo no cuenta con el apoyo de los gremios ni del sector político del Frente para la Victoria.
Los despedidos son hombres y mujeres de distintas áreas. La lista incluye a personal administrativo de las oficinas que la empresa estatal tiene en Buenos Aires, en la calle Cabildo; a empleados de la sede de Río Gallegos y a trabajadores del yacimiento. Anoche, un grupo de ellos le reclamaban al coordinador general de la empresa, José Lucas Gaincerain, por los despidos. Gaincerain les pidió que formaran una comisión para seguir discutiendo.
A través de Radio Nacional Río Turbio, Fernández explicó desde Buenos Aires el alcance de la resolución. Aseguró que no despedía gente, sino que estaba revocando designaciones mal hechas, y adelantó que iba a denunciar al ex interventor, Omar Zeidán.
Según el actual interventor, el 30 de noviembre pasado se firmó la resolución 127/19 por la cual pasaron a planta permanente 417 agentes que habían ingresado durante el macrismo. Esa resolución es la que quedó revocada. Fernández explicó que esa resolución era ad referéndum sobre una decisión ministerial. "El ministro nunca firmó, la actividad está parada desde agosto de 2019, le deben $6000 millones a la AFIP", dijo el exjefe de gabinete Cristina Kirchner. Agregó que "el interventor no estaba habilitado para incorporar a la gente a planta permanente".
La noticia impactó en el corazón de la cuenca carbonífera y los despedidos quemaron hoy cubiertas en señal de protesta frente a las sedes de la empresa, en Río Turbio y en Río Gallegos
El nuevo tiular prepara una denuncia contra el ex interventor. "El interventor actuó en franca desviación del poder. No tiene facultades para hacer eso. Ninguna de esa gente se enteró de esta posibilidad de trabajo por el diario o la radio, fueron elegidos a dedo y por absoluta discreción del interventor ... Todo el acto es nulo", sostuvo.
Aníbal Fernández estuvo la semana pasada en Río Turbio y dijo que volverá después de los feriados de carnaval, dado que administrará su gestión una semana en Buenos Aires y una en Santa Cruz. El funcionario consideró que él era uno de los mejores administradores que ha tenido el estado en los últimos 30 años. "Lo he demostrado porque no me he llevado nunca nada. Por 24 años me han perseguido pero no me han podido detener, porque sé de lo que hablo, porque soy contador y abogado y conozco la cosa pública como pocos", afirmó.
Los despedidos fueron al gremio de ATE a buscar el apoyo pero por ahora no se lo dieron. Les dijeron que no podían apoyarlos ni afiliarlos porque no cumplían las normas de ingreso. "No nos apoyan porque fueron ellos los que pidieron en octubre la revisión de todos nuestros contratos", detalló Miguel Cabrera, uno de los despedidos. Ahora esperan contar con una representación legal.
Al 20 de enero pasado, la planta de trabajadores de Yacimiento Carboníferos Río Turbio era de 2.474 agentes. Durante la gestión de Zeidán hubo 79 despidos y 500 personas que se acogieron a los retiros voluntarios. Desde agosto, el yacimiento se encuentra parado por medidas de fuerza de los gremios, pese a que firmaron una solicitada junto a intendentes y diputados del Frente para la Victoria en la que pedían que se revisara la gestión de Zeidán y que se dejaran sin efecto todas las designaciones del año 2019. Entre ellas estaba el nombramiento de las 417 personas.
Zeidán se ganó pocos amigos aquí. Durante su gestión realizó una veintena de denuncias judiciales y una de ellas motivó el desafuero y el encarcelamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. El juez federal Luis Rodríguez consideró acreditada una estafa de 176 millones de pesos. El exministro, hoy con prisión domiciliaria en su quinta de Escobar, quedó preso el 25 de octubre de 2017, por la misma causa estuvo en prisión preventiva el anterior interventor, Atanasio Pérez Osuna.
