PROVINCIALES

EMERGENCIA EN LAS CÁRCELES PROVINCIALES

Tratan la propuesta para mejorar infraestructura y condiciones laborales

La legisladora Natalia Gracianía destaca la necesidad de abordar urgentemente la superpoblación y las deficientes condiciones edilicias de las cárceles provinciales, además de mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario.

Natalia Gracianía, legisladora por Republicanos Unidos.
Natalia Gracianía, legisladora por Republicanos Unidos.

USHUAIA.- En un encuentro convocado para analizar el proyecto de Ley que busca declarar la emergencia de la infraestructura de las unidades de detención provinciales, la legisladora Natalia Gracianía, presidenta de la Comisión de Seguridad Nº 6 y miembro del bloque Republicanos, enfatizó la urgencia de tratar la superpoblación carcelaria y las condiciones edilicias de las cárceles. “Es urgente tratar la situación de la superpoblación carcelaria y las condiciones edilicias en las que se encuentran los lugares de detención. Además, debemos brindar espacios seguros de trabajo al personal penitenciario”, alertó Gracianía.

El proyecto busca también mejorar las prestaciones laborales del personal penitenciario. Gracianía informó que la población carcelaria actual es de 348 internos, de los cuales al menos cien están procesados por diversos delitos, mientras que el resto cumple condenas de muchos años. “Es preciso hallar una respuesta ya sea a mediano o largo plazo”, enfatizó.

Durante el encuentro, Gracianía anunció que también convocarán a representantes de la Justicia y a funcionarios de economía para continuar el debate.

Gracianía destacó la posibilidad de la participación público-privada para construir una nueva unidad carcelaria en el futuro. “Siempre son buenos los espacios de debate”, reconoció. Además, relató detalles de una visita reciente a la alcaidía de Ushuaia, donde constató que en un pabellón diseñado para treinta y cinco personas, actualmente conviven setenta. La situación en la unidad de detención de Río Grande es similar, según Gracianía.

Los funcionarios del Gobierno anunciaron la puesta en marcha de dos nuevos espacios, uno para cada ciudad. Para Gracianía, es esencial avanzar en cuestiones estructurales que brinden una solución de fondo. Respecto a la participación público-privada, comentó que existen antecedentes exitosos en otros países. “Los privados podrían participar en la construcción de nuevos espacios de detención y la seguridad, que es una cuestión indelegable al Estado. Todo ello se realizaría en el caso de consensuar una Ley de emergencia”, concluyó.

¿Compartís la nota?