Tierra del Fuego, entre las provincias con más déficit habitacional

El problema de la falta de acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos para las políticas públicas futuras en Argentina. El elevado déficit habitacional que persiste, luego de varios años de mejora de las condiciones sociales, es un llamado a que la política debe dar una respuesta con rapidez, advierte el trabajo "Problemas habitacionales e inversión en viviendas sociales en Argentina" realizado por el Ieral de Fundación Mediterránea.

En ese sentido, destaca que existen dos aspectos diferenciados del déficit habitacional, que deben ser atendidos, con medidas diferentes: la falta o precariedad de vivienda de los sectores populares (provisión), y la restricción en el acceso a vivienda propia de las clases medias (mecanismos de financiamiento), y propone que una forma de propender a un reparto territorial más equitativo de los fondos públicos destinados a viviendas sociales es mediante la distribución en función de indicadores objetivos, que provea mayor cantidad de fondos aquellas jurisdicciones que tienen un déficit habitacional más abultado.

Según precisa el trabajo, en la actualidad existen unos 3,5 millones de hogares que necesitan de potencial atención por parte de la política habitacional. Por un lado, cada vez es más difícil para sectores de ingresos medios acceder a una vivienda propia, principalmente por falta de financiamiento a largo plazo, ya que el crédito hipotecario ha perdido participación en el PBI, pasando de cerca de 3,4 por ciento a inicios de 2003 a 1,2 por ciento en la actualidad. El limitado acceso de la clase media a la propiedad de la vivienda deriva en que 2,3 millones de hogares están alquilando, con una incidencia variable de acuerdo a la región.

Por otro lado, se ha modificado el papel del Estado en relación con los problemas habitacionales, destinando una importante cantidad de recursos a la cuestión habitacional de manera centralizada y este paso de un reparto automático y descentralizado a otro discrecional y centralizado de los fondos de vivienda tuvo como consecuencia que la asignación de fondos es que el gasto en viviendas sociales per cápita resulta muy dispar entre las distintas jurisdicciones. En ese sentido, el menor número de viviendas concluidas per cápita se observa en Córdoba y Santa Fe.

En la agenda de problemas sociales, el del acceso a la vivienda por parte de familias de ingresos medios y bajos es un tópico relevante y de urgente solución. El trabajo realizado por el Ieral de Fundación Mediterránea se focaliza en la distribución de los fondos para viviendas sociales, pero para ese fin primero se plantea la identificación y cuantificación del déficit habitacional en la Argentina.

"Existen en la actualidad importantes privaciones con respecto a las condiciones habitacionales que aluden a la existencia de un déficit habitacional. Su cuantificación involucra tanto la necesidad de construcción de nuevas viviendas para la población que no dispone de este activo, como reposición de aquéllas que están en condiciones irrecuperables, y mejora de las que tienen deficiencias en su calidad o servicios, pero pueden ser restauradas", explican en el informe.

En ese sentido, el Ieral precisó que existe un indicador compuesto que clasifica a las viviendas en términos de irrecuperables (se necesita construir nuevas viviendas), recuperables (a pesar de tener deficiencias graves incluyendo malas condiciones sanitarias, sólo requieren mejoras) y adecuadas (no requieren ninguna modificación) y conforman el Indice de Calidad Global de la Vivienda (ICGV), que colapsa una serie de dimensiones relativas a la calidad de la vivienda.

Déficit

Del trabajo —elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gabriela Galassi—se desprende que existen cerca de 3 millones de hogares en viviendas deficitarias según cifras de 2010, de las cuales 2,7 millones son recuperables y 300 mil irrecuperables. Mientras que en el promedio del país, 24 por ciento de los hogares habitan en condiciones precarias (viviendas recuperables o irrecuperables), en provincias como Jujuy, Formosa y San Juan, más de 4 cada 10 hogares se encuentra en dicha situación, mientras que en otras como La Pampa, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, no mucho más de 5 por ciento de los hogares sufren alguna carencia a nivel habitacional.

"Sumando los requerimientos de vivienda indicados por la precariedad de las mismas (según el ICGV) a los que surgen de la existencia de hogares hacinados, se obtendría un déficit total de 820 mil viviendas nuevas (total de hogares en viviendas irrecuperables más hacinados) y 2,7 millones de viviendas que necesitan mejoras. Esto suma un total de 3,5 millones de hogares que necesitan de potencial atención por parte de la política habitacional", advierte.

En ese sentido, en el informe se considera que la ausencia de vivienda o las condiciones habitacionales precarias deben ser las prioridades en la política habitacional. Sin embargo, debe reconocerse que es cada vez más difícil para sectores de ingresos medios acceder a una vivienda propia, principalmente por falta de financiamiento a largo plazo. "El limitado acceso de la clase media a la propiedad de la vivienda deriva en que 2,3 millones de hogares están alquilando, con una incidencia variable de acuerdo a la región", puntualiza Ieral.

Historia

Las políticas de vivienda tuvieron vaivenes en las últimas décadas. El Ieral detalla las características de uno de los organismos importantes en la política habitacional: el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972. En sus orígenes, el FONAVI funcionaba de manera centralizada, pero en 1992 se descentralizó la política habitacional y se federalizó el organismo, con lo cual se pasó a un sistema de reparto automático de los recursos a las provincias. También en 1992 se modificó su financiamiento —que hasta el momento provenía de una detracción de los salarios— pasando a fondearse con un porcentaje del impuesto a los combustibles.

Con la crisis del 2001, se redujo significativamente la inversión en viviendas. Una vez iniciada la recuperación, se puso en marcha en 2004 el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), a cargo del Ministerio de Planificación Federal. Los fondos de este programa, sumados a otros de ese ministerio, llegaron a ser entre seis y ocho veces superiores a los del FONAVI, que fue perdiendo peso en la solución de la problemática habitacional.

El volumen de sus fondos ya venía decayendo, y a esto se sumaron las sucesivas autorizaciones que se otorgaron a las provincias a partir de la crisis de comienzos de siglo respecto a destinar parte de los fondos FONAVI para cubrir déficit en otras áreas en el marco de la emergencia económica, pasaron a ser de libre disponibilidad.

Entre 1980 y 1991 el gasto en viviendas por los tres niveles de gobierno resultó equivalente a 0,63 por ciento del PBI. Con el cambio de sistema de financiación y descentralización del FONAVI el gasto en vivienda pasó a ser 0,45 por ciento del PBI promedio entre 1992 y 2001. El gasto cae mucho durante la crisis de 2002 y 2003, para luego recuperarse y ubicarse en 0,61 por ciento promedio entre 2004 y 2009. En 2009, se ubicó en 0,63 por ciento del PBI, detalla el estudio.

“Se ha pasado de un reparto automático y descentralizado a otro discrecional y centralizado de los fondos de vivienda. Una de las consecuencias de esta configuración más centralizada y discrecional en la asignación de fondos es que el gasto en viviendas sociales per cápita resulta muy dispar entre las distintas jurisdicciones”, consideró el Ieral.

Es así que en provincias que tienen buenos indicadores sociales, como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Chubut, el gasto en vivienda y urbanismo en 2009 superó los 800 pesos por habitante, mientras que en aquellas con mayor tasa de pobreza, como Corrientes o Formosa, el gasto resultó menor a 200 pesos per cápita.

En 2010 también la política habitacional mostró una distribución muy desigual entre provincias, lo que se refleja en erogaciones per cápita en vivienda muy diferentes realizadas por el Ministerio de Planificación. El gasto en La Pampa y Tierra del Fuego superó los 700 pesos por habitante, mientras que en San Luis fue inferior a $1 por habitante. Según los datos del Ministerio de Planificaciónl, entre 2003 y mayo de 2011 fueron terminadas cerca de 609 mil viviendas. En 2010 se terminaron menos de 35 mil viviendas.

"La distribución geográfica de las viviendas construidas también es testigo de la falta de un criterio objetivo l: en Misiones se terminaron 79 viviendas cada 1.000 habitantes desde 2003, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, 1 vivienda y media cada 1.000 habitantes", apuntan los economistas.

Comparando las cifras de viviendas terminadas con los requerimientos habitacionales de nuevas viviendas —por viviendas irrecuperables y hogares hacinados— queda a la vista la insuficiencia de los esfuerzos realizados en los últimos ocho años. Las 609 mil viviendas construidas entre 2003 y mayo de 2011 no llegan a cubrir la necesidad actual de viviendas sociales estimada en 820 mil viviendas nuevas. Existen jurisdicciones donde la brecha es superior como en Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Corrientes. En otras, el esfuerzo necesario para dar respuesta al déficit habitacional incluso es inferior al realizado en los últimos años como en Misiones, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz.