USHUAIA.- Trabajadores estatales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Tierra del Fuego se manifestaron en la Casa de Gobierno para expresar su malestar ante una decisión gubernamental que ha generado un profundo descontento. El gobernador Gustavo Melella emitió un decreto que establece el pago de un bono extraordinario durante tres meses, lo que ha generado un agrio enfrentamiento con los empleados públicos.
La medida tomada por el gobierno fueguino generó controversia al dejar de lado las negociaciones paritarias que tradicionalmente se llevaban a cabo con los distintos sectores de la administración pública. Según el decreto de Melella, las sumas adicionales otorgadas a través de este bono no serán incorporadas al salario básico de los trabajadores hasta el año 2024, lo que ha suscitado la preocupación de los empleados estatales que luchan por un salario más digno.
Representantes de los trabajadores indicaron que “los empleados tienen la necesidad de contar con un salario digno. Estamos siendo castigados, y lo que tenemos hoy es una vergüenza”. Esta declaración refleja el sentimiento de indignación que ha movilizado a los trabajadores estatales a protestar por esta decisión gubernamental.
La protesta liderada por ATE Tierra del Fuego se ha mantenido de forma constante, con una carpa de protesta instalada frente a la Casa de Gobierno provincial, ya alcanzando su séptimo día consecutivo. Durante la manifestación, una vez más se rechazó el pago de bonos no remunerativos y no bonificables que el gobierno tiene previsto otorgar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este bono se aplicará a todas las categorías y escalafones de la administración pública provincial, abarcando incluso a jubilados y pensionados que perciban hasta 600 mil pesos de salarios y haberes jubilatorios.
La tensión persiste en Tierra del Fuego, mientras los trabajadores estatales continúan luchando por condiciones laborales más justas y un salario que refleje sus necesidades y esfuerzos. El gobierno y los representantes sindicales deberán buscar una solución para poner fin a esta situación conflictiva.
