USHUAIA.- Ahora, el presidente de la empresa fueguina Prodesur, Liu Zhijiang, denunció al buque pesquero San Arawa II, perteneciente a la firma Estremar S.A., por haber capturado de manera ilegal más de 40 toneladas de merluza negra juvenil de un solo lance frente a la costa de Tierra del Fuego.
Zhijiang acusó al buque San Arawa II de haber superado "notablemente el porcentaje de merluza negra juvenil por lance" el 22 de marzo pasado en la ubicación 5463, declarada como "zona de preservación de juveniles", detalla el escrito dirigido al Consejo Federal Pesquero (CFP) por el empresario chino radicado en el país.
En la denuncia se especifica que en el Área de Protección de Juveniles se encuentra prohibida la pesca por arrastre de fondo o con palangre de fondo a una profundidad menor a los 800 metros.
En ese sentido, el titular de Prodesur solicitó a la Justicia que ante la gran cantidad de juveniles capturados en un sólo lance se labren oficios de estilo a la Prefectura Naval Argentina y se requiera la información pertinente al inspector y los observadores a bordo. "Todo esto hace suponer que ha pescado por entre 500 y 300 (toneladas) por la gran cantidad de juveniles en un solo lance", consideró Zhijiang.
En caso de comprobarse la infracción, pidió que "se proceda al reingreso del buque a puerto, se ordene el decomiso de la mercadería y se suspenda el permiso de pesca a la embarcación".
El monopolio de la merluza negra en Tierra del Fuego
Como contó Letra P, la cuota de merluza negra en Argentina está monopolizada por tres grandes empresas: Argenova, Estremar y Pesantar, que consiguieron que el Consejo Federal Pesquero (CFP) emitiera un acta en 2019 que dejó afuera a la compañía Prodesur y “habilitó” oficialmente la cartelización de la actividad, que arroja ganancias anuales por U$S 150 millones.
El 5 de marzo de 2021 el CFP renovó automáticamente las autorizaciones de captura de merluza negra para las mismas tres empresas hasta 2025 inclusive.
Previamente, Prodesur contaba con cuota para la pesca de merluza negra, pero en 2019 la compañía San Arawa se la apropió a través de una maniobra que fue denunciada ante la Justicia por "fraudulenta".
