Se trata de un área que tiene una superficie aproximada de 130,23 kilómetros cuadrados, concesionada originalmente a YPF por 25 años (hasta 2017) sobre la cual se pueden otorgar plazos adicionales sucesivos por diez años en base a la Ley de Hidrocarburos 17.319, siempre y cuando se hayan ejecutado allí las inversiones y obras comprometidas para desarrollar el yacimiento.
La prórroga fue concedida, tras un pedido tramitado desde 2014 por YPF, mediante la Decisión Administrativa 1/2016, que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, publicada ayer en el Boletín Oficial.
El área en cuestión, ubicada en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, tiene la particularidad de asentarse sobre tres jurisdicciones concedentes: la del Estado Nacional y las de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, abarcando una superficie total de 369,19 kilómetros cuadrados.
La extensión de la concesión también fue solicitada a ambas provincias habiendo ya sido otorgada por Santa Cruz, mientras que se esta tramitando en Tierra del Fuego.
El concesionario fundó su pedido “en la necesidad de contar con un horizonte temporal más amplio” que permita continuar con el desarrollo de las inversiones en el área, a fin de producir un caudal de gas natural en forma estable de alrededor de 4.000.000 de metros cúbicos por día, con sus líquidos asociados, durante 4 años de producción continua.
La producción diaria de dicho hidrocarburo al mes de octubre de 2015 era de 2.414.400 metros cúbicos.
