RIO GRANDE.- El ex concejal de la UCR en Río Grande, Paulino Rossi argumenta que la Ley 1529 y el Decreto 1656/24 violan principios constitucionales básicos, como el de legalidad, debido proceso, y congruencia. Según él, el procedimiento seguido para aprobar y ejecutar estos instrumentos legales está cargado de irregularidades, incluyendo la inserción de una fecha falsa en el decreto, una acción que podría configurar un delito según el artículo 293 del Código Penal.
“La firma del decreto por parte de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, quien no tiene facultades legales para hacerlo según la Ley de Ministerios, es una violación directa a la normativa vigente”, señala Rossi en su demanda. Además, solicita que se corra traslado al Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia para que investigue la posible conducta delictiva de los funcionarios involucrados.
