Legisladores piden a Gobierno y docentes que resuelvan la disputa

En la ciudad de Río Grande, a los 26 días del mes de Mayo de 2013, los abajo firmante e integrantes del Poder Legislativo Provincial; Jorge Lechman, Claudia Andrade y Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino); Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (Partido Justicialista); Juan Felipe Rodríguez, Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende (Unión Cívica Radical) y Laura Rojo (Partido Patagónico Popular), observamos con profunda preocupación la delicada situación provincial e instamos nuevamente para que el Poder Ejecutivo Provincial y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), aporten una mirada racional, superadora y se sienten en una mesa de diálogo.

Los acontecimientos que son de público conocimiento, que mantienen en vilo a la sociedad fueguina, y que han llevado a la provincia a esta situación Institucional, debilita seriamente el entramado social y pone en jaque la Paz en la provincia.

La institucionalidad es el atributo básico dentro del Estado de Derecho, se ha perdido y debe ser recuperada. La institucionalidad facilita las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica del conflicto, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social.

Un Estado de Derecho es efectivo cuando el derecho es el principal instrumento de gobierno, donde la ley sea capaz de guiar las conductas humanas de nuestra sociedad y donde los poderes interpreten y apliquen congruentemente dicha ley con la menor distorsión posible.

Estos legisladores han dado marcadas respuestas y en todo momento han intentado estar a las alturas de las circunstancias, tratando de ser nexo y garante entre el Ejecutivo provincial y los diversos sectores sociales que así lo solicitaron, buscando por todos los medios una respuesta superadora.

De esta forma, los legisladores firmantes, tomamos la determinación política de generar algunas herramientas financieras, a fin de lograr los ingresos económicos necesarios para la administración, con el único propósito de brindar las respuestas necesarias a los sectores de Salud y Educación.

Sin embargo, y pese a pagar el costo social y político de la aprobación de estas herramientas antipáticas, que seguramente no han sido suficientes, sumado a la falta de dialogo y la incapacidad de acordar entre los sectores en conflicto, nos han llevado a esta situación, que sólo podrá superarse por la vía del dialogo maduro y el respeto por la sociedad y las Instituciones que la componen.

Los legisladores les solicitamos a las partes, dejar de lado los intereses personales y sectoriales y realizar una convocatoria que tiene que tener como fin, resolver definitivamente la situación compleja generada en la Provincia y preservar la paz social de todos los vecinos.

Reconocemos el compromiso, trabajo y la denodada actitud de los docentes de la provincia de Tierra del Fuego, que día a día construyen la cultura, la educación y el futuro de los niños y jóvenes de nuestra provincia, y contribuyen a la formación de los ciudadanos de derecho.

Los legisladores firmantes, apelamos a la responsabilidad política para el resguardo del orden social y el justo cumplimiento de las leyes.

Solicitamos a los referentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, encuentren en la madurez y la reflexión, que no es en la permanencia en la Casa de Gobierno -símbolo de la institucionalidad del Estado provincial-, el camino para encontrar la solución del conflicto.

Por último, en el entendimiento que es el momento oportuno y especial para la reflexión, queremos dejar expresamente reflejado, que en esta situación de conflicto hay muchos actores con responsabilidad institucional ausentes, pero comprendemos que no es el tiempo de las críticas sino el de la reconstrucción del orden institucional.