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La Legislatura solicita informes sobre los gastos de publicidad

Ante las denuncias por gastos excesivos en publicidad virtual por parte del Gobierno, la Legislatura elevó pedidos de informes a 14 entes gubernamentales para esclarecer los montos destinados a estas contrataciones desde 2022. 

La Legislatura solicita informes sobre los gastos de publicidad

RIO GRANDE.- En respuesta a las recientes publicaciones que apuntan a gastos exorbitantes en publicidad virtual por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, la Legislatura provincial ha solicitado informes detallados a 14 entes gubernamentales. Estas acciones buscan clarificar los montos destinados a publicidad desde el 2022 hasta la actualidad, ante la sospecha de que parte de estos recursos habría sido utilizada para campañas de difamación contra entidades como el Superior Tribunal de Justicia y otras administraciones críticas de la gestión del gobernador Gustavo Melella.

El pedido de informes exige que, en un plazo no mayor a diez días, cada ente gubernamental detalle la lista de medios contratados con fines publicitarios, especificando el tipo de soporte utilizado tales como el radial, televisivo, editorial, escrito o en redes sociales, y si se trata de medios nacionales o locales. Además, se requiere un desglose de los montos pagados a cada medio, así como un informe sobre las deudas pendientes y los plazos de mora en los pagos a los medios contratados.

Este pedido surge tras la preocupación por el presunto desvío de fondos públicos para financiar campañas de desprestigio dirigidas a instituciones que no comulgan con algunas de las decisiones de la actual administración provincial. Las publicaciones periodísticas que originaron estas investigaciones apuntan a un uso indebido de los recursos en publicidades virtuales, cuyo destino real aún no ha sido esclarecido.

Esta solicitud tomará estado parlamentario el jueves, momento en que la Legislatura espera que este proceso de transparencia arroje luz sobre los manejos en el ámbito de la comunicación y la publicidad oficial, garantizando así una gestión responsable de los fondos públicos.

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