La interpretación de la Ley 648 va a la Justicia por falta de acuerdo político

Este jueves al mediodía, en el Superior Tribunal de Justicia, el Gobierno de Tierra del Fuego, el Municipio de Río Grande, la Municipalidad de Ushuaia y la Comuna de Tolhuin fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la interpretación de la Ley 648 y la distribución de fondos coparticipables por lo cual, será la Justicia fueguina quien deba decidir si corresponde o no aplicar la quita de fondos que propone la gestión provincial.

El encuentro definitorio se llevó a cabo en Ushuaia y participaron en representación del Poder Judicial provincial el Dr. Gonzalo Sagastume, el Dr. Javier Muchnik y la Dra. María del Carmen Battaini.

Asimismo, acudieron a la cita la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; el intendente de la Municipalidad de Ushuaia, Federico Sciurano; el intendente del Municipio de Río Grande, Gustavo Melella y en representación de la Comuna de Tolhuin, el secretario Legal y Técnico, Gastón Cervetti.

Por otro lado, también se hicieron presentes el Fiscal de Estado, Dr. Maximiliano Malnati; el jefe de gabinete provincial, Guillermo Aramburu; el ministro de Economía, Christian Ruiz; el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Paulino Rossi y su par de Ushuaia, subsecretario José Luis Ghiglione.

Tal como se preveía, en la reunión fue imposible que ambas partes se pongan de acuerdo en la forma en que deben liquidarse los recursos coparticipable que el Gobierno provincial remite a los Ejecutivos locales, situación que ha generado un tire y afloje entre las partes, desde hace ya varios meses.

En concreto, debido a la forma en que se interprete la Ley 648, se tratan de más de 130 millones de pesos que dejarían de percibir el Municipio de Río Grande y una cifra un tanto menor la Municipalidad de Ushuaia.

Sin acuerdo político dadas las posturas de cada una de las partes, deberá ser ahora el Superior Tribunal de Justicia el que defina concretamente si la Ley 648 se venía ejecutando de forma correcta o si, por el contrario, hace lugar al reclamo del Gobierno con el consabido recorte de fondos.

Ante ello, el próximo paso es una instancia de pruebas, donde las partes presentan sus alegatos. Luego, cada juez del Superior Tribunal de Justicia tendrá 30 días para emitir su dictamen, lo que conlleva un plazo de 90 días como máximo para esta etapa.

Si al período que cada magistrado tendrá para emitir su dictamen se le suma el lapso de tiempo disponible para la presentación de pruebas que llevarán a cabo cada una de las partes involucradas, se hace evidente que no habrá una definición al menos hasta fin de año.