La coparticipación municipal, motivo de desvelo para la política fueguina

Los fondos coparticipables a los municipios se han convertido, desde hace ya un tiempo, en un preciado botín de guerra que bajo los más variados pretextos, unos pretenden conservar y otros buscan arrimar para la alcancía propia.

Es que el Gobierno provincial insiste desde hace tiempo en que debe rediscutirse la distribución económica del dinero que deben percibir el Municipio de Río Grande y la Municipalidad de Ushuaia. Queda bien en claro cuál es la intención de la gestión de Fabiana Ríos y así, hablar de ‘rediscusión de roles’ es un eufemismo más para la extensa colección de la Gobernadora fueguina.

Lo cierto es que la situación es preocupante y en breve, podría definirse el destino definitivo de un cuarto del total de fondos que perciben ambos Ejecutivos. La excusa, esta vez, es destinar esa suma dineraria -abultada por cierto- a financiar el sistema educativo provincial, colapsado al igual que la seguridad y la salud.

Pero para muchos, la desconfianza se basa en los antecedentes del Gobierno provincial, incapaz de pilotear una nave a la deriva y que con pasmosa y exasperante parsimonia, se mueve como si la brújula hubiera perdido el imán.

“Es sacar tierra de un pozo para tapar otro pozo. Cuando terminas, te das cuenta de que seguís teniendo un pozo”, dijo a delfuego noticias hace muy pocos días un referente político de peso en la Legislatura. El ejemplo no puede ser más claro.

Gobierno decidió ir por los dineros municipales ante la incapacidad de sostener una estructura estatal que fagocita cuánto peculio ingresa a las arcas de la provincia. Así, reducir un 25 por ciento el envío de fondos coparticipables parece ser la mejor manera de enfriar un hierro caliente.

Sin embargo, la gestión que encabeza Fabiana Ríos no ha percibido que su actitud arrastraría a ambos municipios a una situación financiera hasta ahora desconocida y por tal, cargada de temor e incertidumbre.

Ya lo dijo Gustavo Melella: “Si prospera la declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, tendríamos que darle las llaves de la ciudad a los jueces y que ellos vean como gobiernan”. Otro ejemplo cargado de claridad.

Se rumorea en los pasillos de Elcano 203 que quien más temor tiene por el avance de la instancia judicial es Federico Sciurano. En Río Grande, la situación se vive con preocupación pero todo hace pensar que no habrá mayores advertencias hasta que no se sepa a ciencia cierta cuál es el fallo judicial.

Si bien es entendible la preocupación de las autoridades ushuaienses, es de destacar que el Municipio de Río Grande podría verse mucho más afectado dado que a diferencia del Ejecutivo capitalino, se hace cargo de áreas que en Ushuaia corren por cuenta del Gobierno provincial (y así funcionan).

“Por ahora hay que esperar”, repiten sistemáticamente en el Ejecutivo de Río Grande. Sin embargo, Gustavo Melella ya comienza a sentar postura sobre el tema. Lo hizo hace unas semanas en el encuentro ante afiliados de la Unión Cívica Radical (UCR) donde apeló al diálogo para resolver diversas cuestiones pero sin que ello se entienda como un renunciamiento a lo que por derecho constitucional le corresponde a la ciudad.

Sigue con su postura dialoguista y lo expresa en cuanta oportunidad tiene frente a los medios de comunicación. “Es un problema de la provincia, y la provincia somos también los municipios”, recalca Melella.

La caso está planteada desde ambos frentes. Los intendentes defendiendo a rajatabla la autonomía municipal y en la verdad de enfrente, el Gobierno provincial apelando a todas las armas para ganar una batalla política en la que, por alguna razón, se sabe fuerte.

En todos los casos, gane quien gane, está claro que quienes pierden con esta batalla política, son los habitantes de Tierra del Fuego.