RIO GRANDE.- El vice Jefe de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, manifestó públicamente su preocupación por la falta de recursos económicos para implementar la Ley de Emergencia en Seguridad, un proyecto en el que, según sus propias declaraciones, ha estado trabajando "desde hace un tiempo" pero que deberá frenar al reconocer, ahora, que el gobierno al que pertenece, atraviesa una profunda crisis financiera.
Esta aparente contradicción y la cronología de los hechos plantean serias interrogantes sobre la planificación y el conocimiento real de la situación económica por parte de altos funcionarios del Ejecutivo.
Resulta llamativo que Canals, un actor clave en la coordinación del gabinete provincial, haya admitido recientemente la severa crisis financiera que, según sus propias palabras, dificulta la ejecución de la ley promulgada en diciembre pasado. Esto sorprende aún más cuando el propio funcionario señaló que "el año pasado no pudimos acceder a ningún tipo de endeudamiento", lo que sugiere que las dificultades económicas no son una novedad para la administración de Gustavo Melella.
La paradoja se agudiza al considerar que Canals se encontraba "inmerso" en un proyecto para abordar la emergencia en seguridad, el cual contemplaba un endeudamiento de 10.000 millones de pesos y una asignación de 4.000 millones del Tesoro provincial. La viabilidad de un plan de tal magnitud, diseñado en un contexto de evidentes limitaciones financieras, genera interrogantes sobre la planificación inicial de los recursos provinciales. La reciente advertencia de Canals sobre las restricciones económicas actuales levanta sospechas sobre la factibilidad del proyecto desde su concepción.
La sorpresa ante la aparente falta de información con la que trabajaba el vice Jefe de Gabinete se intensifica al conocer la magnitud del deterioro económico que ahora describe con una caída del 7% en la coparticipación federal y una disminución de entre el 8 y el 10% en la recaudación propia, lo que representa un faltante estimado de 10.000 millones de pesos. Resulta difícil comprender cómo un funcionario de su rango no dimensionó este escenario al momento de impulsar un plan tan costoso.
Mientras Canals menciona proyectos en marcha, como la obra en el Anexo 4 del Servicio Penitenciario, cuya ejecución se vio limitada por la falta de recursos operativos y obligó a una licitación con condiciones específicas, la ciudadanía podría cuestionar la coherencia de lanzar iniciativas ambiciosas en un contexto de evidente crisis financiera. La gestión con el Banco de Tierra del Fuego para adquirir vehículos policiales a través de un crédito oneroso (2.700 millones de pesos con una tasa del 29%) también podría interpretarse como una medida paliativa ante la falta de planificación a largo plazo.
La conclusión de Canals, reconociendo la fuerte presión sobre el Ministerio de Economía y la dificultad de avanzar con el plan inicial ante los niveles de ingresos similares a los de agosto del año pasado, deja un panorama de incertidumbre. La situación plantea dudas sobre si el vice Jefe de Gabinete realmente desconocía la magnitud de la crisis al embarcarse en el proyecto de seguridad, o si la iniciativa se lanzó con una evaluación poco realista de las finanzas provinciales, generando expectativas que ahora parecen difíciles de cumplir en la comunidad fueguina.
Esta y otras situaciones, ponen de relieve la aparente desconexión entre la ambición del plan y la realidad económica y suscita interrogantes sobre la capacidad del gobierno y sus funcionarios para cumplir sus promesas en materia de seguridad.
