USHUAIA.- El presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad y legislador provincial electo, Juan Carlos Pino, presentó una propuesta para resolver el conflicto surgido por el cobro del impuesto inmobiliario, el cual pasó de la órbita municipal a la provincial debido a un fallo emitido por la Corte Suprema. Según Pino, la solución radica en la derogación del capítulo correspondiente en la Ley 1075, con el objetivo de evitar un impacto económico negativo para los municipios.
Pino recordó que durante el periodo en que Ushuaia era territorio, estas facultades fueron acordadas por la Legislatura territorial a través de leyes provinciales y territoriales. El municipio tenía la responsabilidad de recaudar impuestos inmobiliarios y sobre automotores. Sin embargo, con la provincialización, estas facultades fueron transferidas a la provincia.
El legislador expresó su pesar por la situación complicada surgida a partir de la promulgación de la Ley 1075 en 2016, la cual establecía que el cobro del impuesto inmobiliario sería responsabilidad de la Agencia de Recaudación Provincial. Ante esta situación, el municipio de Ushuaia presentó una apelación judicial. Pino destacó la necesidad de recurrir al diálogo político y la relación política para resolver el conflicto y señaló que “esto se puede resolver políticamente”.
En este sentido, resaltó la importancia del diálogo político y el trabajo conjunto de los ejecutivos municipales en diferentes instancias. Destacó además que los cuatro ejecutivos han trabajado conjuntamente, incluso en la reciente elección provincial en la que se unieron. Asimismo, en la próxima elección legislativa nacional, también se agruparán para trabajar en conjunto.
El legislador electo expresó su confianza en que las condiciones están dadas para resolver el conflicto políticamente y propuso que la Legislatura trate la derogación de este capítulo del impuesto inmobiliario. Para ello, el Concejo Deliberante de Ushuaia presentó una minuta de comunicación en la que solicita a la Legislatura provincial que dé tratamiento a este proyecto de derogación.
Pino también resaltó la suspensión de la aplicación de la Ley 1085 y la importancia del trabajo conjunto de toda la clase política para resolver esta situación. Destacó la experiencia de otros actores políticos, como el legislador Federico Sciurano, quien ha sido dos veces Intendente de la ciudad, y el propio gobernador, quien ha tenido dos mandatos como Intendente en Río Grande. Según Pino, estas personas comprenden la importancia del problema debido a su experiencia previa.
En conclusión, Juan Carlos Pino hizo un llamado al diálogo político y a la colaboración entre los municipios y la Legislatura provincial para resolver el conflicto y evitar un daño económico significativo para los municipios. Él espera que en la Legislatura se pueda llegar a una solución política que ponga fin a esta discusión que tanto perjudica a los municipios en términos económicos.
Para Finalizar, Juan Carlos Pino destacó la importancia de abordar este conflicto de manera conjunta y urgente y se esperanzó en que la Legislatura pueda resolver políticamente, “para que de una vez por todas se termine con esta discusión que a los municipios les haría un daño económico enorme”.
El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y legislador provincial electo puso de relieve la necesidad de actuar en beneficio de los municipios y buscar una solución que no genere un impacto negativo en su economía. Ahora queda en manos de la Legislatura provincial considerar y abordar la propuesta de derogación del capítulo correspondiente en la Ley 1075, con el fin de encontrar una solución política que beneficie a todos los actores involucrados en este conflicto.