USHUAIA.- En una mesa de trabajo llevada a cabo en Casa de Gobierno, representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin se reunieron este jueves, convocados por el Ejecutivo provincial, para analizar la situación actual del impuesto inmobiliario y su base imponible.
Durante el encuentro, se buscó activamente alcanzar un acuerdo que evite un perjuicio económico tanto para las administraciones municipales como para la provincial. El ministro de Economía, Federico Zapata García, y el director Ejecutivo de la AREF, Oscar Bahamonde, participaron en representación del Ejecutivo provincial.
Asimismo, estuvieron presentes diversos funcionarios de los municipios involucrados. Por parte de Río Grande, asistió el secretario de Finanzas Públicas, Diego López. Del municipio de Tolhuin, estuvieron presentes la Secretaria de Economía y Hacienda, Luciana Rivero; la Subsecretaria de Contaduría, Xoana Torres; el Secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís; la Coordinadora de Asuntos Institucionales, Gimena Contreras; el Director de Rentas, Bruno Maggiolo; y la Directora de la Unidad de Falta, Anazul Carol. Por parte de la municipalidad de Ushuaia, se contó con la participación de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; el Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la Subsecretaria de Gestión Administrativa, Ana Laura Vera; la Subdirectora de Rentas, Rosana Acosta; y el Director de Rentas, Héctor Szelada.
Una vez concluida la reunión, el Ministro de Economía afirmó que durante las conversaciones se avanzó en la cuantificación del recurso y las consecuencias que podrían generarse en las administraciones a raíz del fallo emitido por el máximo órgano judicial sobre el cobro de este impuesto.
En ese sentido, Zapata García enfatizó que el desafío radica en alcanzar un acuerdo político que permita a ninguna de las partes perder recursos, buscando un beneficio conjunto sin perjudicar a ninguno de los actores involucrados, tal como lo expresó el Gobernador Gustavo Melella.
No obstante, el Ministro señaló que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto y destacó que la defensa de los intereses de las arcas provinciales es una obligación de los funcionarios.
El funcionario admitió que se encuentran en una etapa de reflexión, donde es necesario trabajar de manera articulada y coordinada, sin tomar ninguna determinación específica más allá de lo que el fallo ha establecido en relación a quién corresponde el cobro del impuesto.
En cualquier caso, reconoció que todos necesitan recursos para cumplir con sus obligaciones, por lo que ahora el esfuerzo y compromiso recae en la política, con el objetivo de evitar perjuicios a los actores involucrados y generar beneficios para todos.
