TIERRA DEL FUEGO.- Según un informe publicado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, 11 provincias argentinas, incluida Tierra del Fuego, no han planificado el mínimo de 760 horas de clase para los estudiantes de jornada simple en el nivel primario, tal como lo establece el Consejo Federal de Educación (CFE) para 2025.
Según el informe "Calendarios escolares 2025", elaborado por Gustavo Zorzoli, María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén, 2.013.611 alumnos de primaria, lo que representa el 42% de la matrícula a nivel nacional, deberán recuperar horas de clase para alcanzar el mínimo establecido.
Las provincias que no alcanzan el mínimo de horas de clase son: San Juan (756), San Luis (756), Santa Cruz (748), Chubut (744), Tucumán (740), Buenos Aires (732), Tierra del Fuego (728), Formosa (720), Chaco (716), Jujuy (708) y La Rioja (708).
El informe destaca que estos datos se basan en los calendarios escolares oficiales planificados por los ministerios provinciales, y no en el cumplimiento efectivo de los días de clase, que puede verse afectado por diversos factores como paros, problemas de infraestructura o ausentismo docente.
La normativa del CFE establece un piso de 190 días de clase y 760 horas reloj anuales para la jornada simple en primaria. Sin embargo, el informe revela que solo 8 provincias cumplen con este requisito: La Pampa (191), Córdoba (190), Entre Ríos (190), Río Negro (190), Salta (190), CABA (190), Corrientes (190) y Misiones (190).
El informe también señala que 3 provincias no cumplen ni siquiera con el mínimo de 180 días de clase establecidos por ley: La Rioja (177), Jujuy (177) y Chaco (179).
Los autores del informe instan a las provincias a avanzar en la implementación de sistemas de información nominal que permitan hacer un seguimiento de la cantidad de días y horas de clase efectivos que tienen los alumnos, así como también a atender las causas que reducen el tiempo escolar, como los problemas de infraestructura, el ausentismo y los paros docentes.
Finalmente, el informe destaca la importancia de asegurar un mínimo de tiempo de exposición a la enseñanza en la escuela para garantizar el derecho constitucional al aprendizaje, y plantea la necesidad de analizar cómo se aprovecha el tiempo escolar para las prioridades centrales del aprendizaje de los estudiantes.
