USHUAIA.- Una nueva controversia, que ha escalado hasta convertirse en un escándalo público, pone en evidencia un conflicto interno entre funcionarios del Estado provincial de la provincia. La Dra. Ana Constanza Carro, designada por la Legislatura para fiscalizar Terra Ignis Energía S.A., denunció que el Sr. Maximiliano D'Alessio, Presidente de la empresa impide el ejercicio de sus funciones, vulnerando los principios de transparencia y legalidad en la administración de los recursos públicos.
Si bien la situación no es reciente, sí se ha agravado tras el intercambio de cartas documento entre la Dra. Carro y el Sr. D'Alessio. En dichas comunicaciones, el Presidente de Terra Ignis Energía S.A. cuestiona la validez de la designación de la Síndica, argumentando una supuesta incompatibilidad con su cargo en el Poder Ejecutivo y alegando su revocación por decisión de la asamblea de accionistas. Asimismo, niega rotundamente haber obstaculizado las funciones de la Dra. Carro.
Por los mismos medios legales, la Síndica rechaza los argumentos del Sr. D'Alessio, defendiendo su legitimidad en el cargo y su derecho a ejercer la fiscalización en representación de la Legislatura. Alega además que la revocación de su designación es una atribución exclusiva del Poder Legislativo y que las incompatibilidades invocadas carecen de fundamento legal. En tanto denunció la falta de entrega de documentación contable y de gestión requerida para llevar a cabo su labor.
Este conflicto, que involucra a dos funcionarios del Estado provincial, resulta especialmente bochornoso, ya que pone en tela de juicio la transparencia y el correcto manejo de los fondos públicos. La situación genera preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen claridad y responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado.
Ante esta situación, pode demás bochornosa, la Dra. Carro solicitó a la Legislatura que tome cartas en el asunto, y que imparta las instrucciones pertinentes y emita una resolución respecto de su situación, en el marco de la negativa del Sr. D'Alessio a permitir el ejercicio de la función de fiscalización que legalmente le compete.
Ahora resta que la Legislatura evalúe las acciones a seguir para garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de la empresa, que administra fondos públicos.
