PROVINCIALES

MOLESTIA POR LAS DECLARACIONES

En el Ejecutivo piden que Gobierno no presione por quita de coparticipación

Es por las recientes declaraciones de Guillermo Aramburu y Daniel Ravaglia. Ocurre que los Ejecutivos municipales y el Gobierno se habían puesto de acuerdo para no realizar declaraciones que pudieran interpretarse como objeto de presión a la Justicia, ante la inminente decisión.

Municipio de Río Grande vs. Gobierno de Tierra del Fuego y la discusión por la coparticipación.
Municipio de Río Grande vs. Gobierno de Tierra del Fuego y la discusión por la coparticipación.
Desde el Ejecutivo municipal se planteó la profunda preocupación existentes por la posibilidad que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) haga lugar a la acción declarativa de certeza solicitada por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, sobre la aplicación de la Ley 648, lo que podría significar una quita de un 25% -o más- de los fondos coparticipables a los municipios.

La preocupación se puso de manifiesto en las últimas horas del domingo tras las declaraciones brindadas por el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Guillermo Aramburu, y el secretario de la Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, que a través de una gacetilla de prensa plantearon que desde el Gobierno se espera una resolución favorable a la mencionada presentación ante el STJ.

Ante esto, desde el Municipio de Río Grande se planteó el alerta, además, para que esto no signifique una presión política al Superior Tribunal, más aún cuando en reuniones previas mantenidas entre los intendentes Gustavo Melella y Federico Sciurano con el Jefe de Gabinete, de común acuerdo se había establecido no realizar declaraciones políticas al respecto hasta la reunión de conciliación que debe realizarse este lunes en sede judicial.

La preocupación se pone de manifiesto además por las consecuencias que esto traerá aparejado en las acciones del Municipio de Río Grande, desde donde se está evaluando que la quita podría significar la necesidad de tomar medidas como la suspensión de la obra pública, o la merma de servicios que presta el municipio hacia la comunidad, como también los compromisos asumidos con los empleados del Estado municipal, y hasta la baja de contratos.

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