BUENOS AIRES.- En un intento por salvaguardar la integridad del Banco de la Nación Argentina, el Senador Nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de ley que busca prohibir categóricamente la privatización de esta entidad bancaria emblemática.
La iniciativa propone la incorporación de un artículo Nº 3 bis a la Ley 21.799, estableciendo de manera clara que "el Banco de la Nación Argentina no podrá ser sujeto a privatización y su actividad no podrá ser modificada bajo ningún concepto, forma o ley que en el futuro se dicte, permaneciendo siempre como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional", según explicó Blanco.
Todo surge como respuesta a un mega proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional durante las sesiones extraordinarias. Dicho proyecto, titulado "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", incluye polémicas propuestas de privatización de empresas estatales, entre las cuales se encuentra el Banco de la Nación Argentina.
En este contexto, el senador Blanco expresó su preocupación señalando que "que el gobierno nacional anterior lo haya vuelto un apéndice de su errática política económica y financiera no quiere decir que todos los gobiernos que se sucedan necesariamente tengan que caer en lo mismo".
Recordando episodios históricos, Blanco destacó que el Congreso ya había tomado medidas para proteger al Banco de la Nación en el pasado, mediante la ley 25.108, que excluía a la entidad de las empresas susceptibles de privatización. Sin embargo, el DNU 70/23 derogó esta norma, justificando la urgencia de neutralizar y revertir esta acción a través de una nueva ley.
El senador fueguino enfatizó que "El Banco Nación no puede ni debe ser privatizado. No estamos dispuestos a resignar soberanía crediticia ni financiera para que este negocio pase a ser administrado por manos privadas o entidades financieras del exterior." Blanco resaltó la importancia del Banco de la Nación Argentina como una institución superavitaria, patrimonio de todos los argentinos, y subrayó que su sanación y reorganización deben llevarse a cabo respetando la legalidad y sin comprometer su carácter nacional.
En este sentido, el legislador concluyó al afirmar que "ni sus empleados ni los argentinos tenemos por qué pagar los horrores de la reciente conducción política con su privatización. Sanear a la entidad, poner en orden sus cuentas y ponerla al servicio de la producción es una meta y un resorte profundamente nacional que no puede ser rifado a particulares y, mucho menos, al capital extranjero".
