BUENOS AIRES.- A pesar de la eliminación de tres fondos fiduciarios el lunes, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) sigue intacto. Este fideicomiso, presidido por una delegada de Santiago Caputo, maneja más de 150 millones de dólares provenientes de aportes de ensambladoras de Tierra del Fuego, beneficiadas históricamente con exenciones impositivas.
Según informó el diario Clarín, Noelia Ruiz, exdiputada provincial del PRO, quien mantiene un vínculo cercano con el sobrino de Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, lidera un fondo que ha generado controversia dentro del oficialismo por decisiones polémicas. Entre ellas, destaca la contratación del buffet de abogados HSR para una auditoría que antes realizaba la Universidad de Tres de Febrero, cuyo convenio se canceló por altos costos.
En la última reunión del directorio del FAMP, a finales de diciembre, se aprobaron proyectos de alto impacto, como un puerto en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia, ambos de la empresa Mirgor, vinculada a Nicky Caputo. También se discutió un proyecto para Newsan y otro solicitado por la provincia, liderada por Gustavo Melella.
El mismo día, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 6/2025 la eliminación de tres fideicomisos: el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario Prodaf. Según el Ministerio de Economía, estas disoluciones responden a "deficiencias en la gestión y falta de transparencia en el uso de recursos públicos". En total, ya se han suprimido 18 fiduciarios desde el inicio de esta gestión.
Sin embargo, el FAMP logró sobrevivir a los intentos de eliminación gracias al lobby de las ensambladoras electrónicas y las industrias del plástico radicadas en Tierra del Fuego. Estas empresas argumentaron que el fondo no utiliza recursos públicos, sino privados, aunque en realidad se financia con el 15% del IVA que dichas empresas no abonan al Estado por los beneficios impositivos.
El directorio del FAMP también tiene la tarea de supervisar los reportes que las empresas beneficiarias presentan sobre el destino de sus "ahorros". En teoría, estos deben ser reinvertidos en proyectos productivos para la región. Entre los objetivos más recientes aprobados, destacan la ampliación de la infraestructura provincial y el fortalecimiento del sector turístico e industrial, beneficiando a compañías con fuerte presencia en la región.
El FAMP, vinculado a figuras cercanas al poder político y económico, parece resistir el embate de las reformas mientras consolida su posición como un actor clave en la matriz productiva de Tierra del Fuego.
