PROVINCIALES
APROBADO EN SESION
Ediles allanan solución para un reclamo de vieja data en la Margen Sur
03/12/2013. En la novena sesión del Concejo Deliberante, los concejales decidieron autorizar al Municipio a eximir a varios organismos de la obligatoriedad de presentación del Certificado de Libre Deuda sobre terrenos donde se instalaron los barrios Austral, Cabo Peñas y Ecológico. Eso facilitará la escrituración.
La sesión no contó con un temario extenso ni con temas de suma relevancia salvo un par de proyectos puntuales. Ocurre que los dos temas salientes por resolver -Presupuesto 2014 y adecuación de normativa de tránsito- se estarán definiendo recién en la última sesión del año, a desarrollarse posiblemente el 13 del corriente.
Entre los proyectos más destacados que se aprobaron, los concejales eximieron excepcionalmente de la obligatoriedad de presentación del Certificado de Libre Deuda a la provincia de Tierra del Fuego, al Instituto Provincial de Vivienda (IPV), a la Sociedad de Productores en liquidación y al escribano autorizante.
*frase_1 La medida adoptada es en concepto de tributos municipales de los inmuebles Macizo 35, Macizo 37, Macizo 97, Macizo 98, Macizo 99, Macizo 100 al solo efecto de la transferencia dominial de esos predios a la provincia y posteriormente al IPV
Posteriormente deberán expedirse a través del área municipal correspondiente, los Certificados de Estado de Deuda detallados de dichas parcelas, a fin de su inclusión en el instrumento traslativo de dominio pertinente.
Una vieja deuda
La medida adoptada por el Concejo Deliberante tiene incidencia directa en tres populosas barriadas de la Margen Sur: Austral, Cabo Peñas y Ecológico son los tres barrios que se conformaron en los macizos anteriormente mencionados.
Con este paso dado por el cuerpo deliberativo local, más de 160 familias ya están en condiciones de escriturar sus terrenos cuando el Gobierno y el IPV así lo dispongan. Además, se estima que al menos unas 200 familias más podrán acceder a ese beneficio si completan la documentación que el trámite requiere.
Sin dudas, la medida consensuada entre el Municipio de Río Grande, el Concejo Deliberante, el Gobierno provincial y el IPV traerá una solución concreta a una zona de la ciudad que creció durante décadas y cuyos vecinos no contaban con la herramienta legal necesaria para considerarse auténticos dueños de sus propiedades ante la Ley.