Duras acusaciones cruzadas entre gremios de vigiladores

Las autoridades de la Unión de Personal de la Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) denunciaron públicamente que el representante del Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines de la Patagonia recibió dinero de una empresa para perjudicar a otra prestadora de servicio con el fin de la última pierda su contrato con Supermercados La Anónima.

Según publicó el sitio web ‘Gremiales del Sur’, el delegado regional de UPSRA, Walter Montaña, aseguró que “estamos denunciando públicamente que la empresa Brújula ha puesto 35 mil pesos a SUTCAP para generar el conflicto y que la empresa Securitas pierda el servicio en Supermercados La Anónima”.

“Es plata que ha recibido el Sr. Claudio Castro, de SUTCAP, y si quieren ir a la vía legal que me lleven porque tengo como comprobarlo”, lanzó, desafiante, el representante de una de las entidades gremiales que nuclean a vigiladores privados.

Montaña a su vez precisó que “la medida de fuerza de la semana pasada de SUTCAP contra la empresa Securitas es una medida que no tiene argumentos. Nosotros vamos a hacer responsables a las autoridades gubernamentales y a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego por no permitirnos realizar presentaciones en este tipo de situaciones”.

“Están actuando parcialmente reconociendo a un sindicato que no tiene ni siquiera inscripción sindical, con lo cual la Secretaría de Trabajo está violando la Ley Nacional 23.551de Asociaciones Sindicales”, denunció.

En ese sentido, develó que “somos la única asociación sindical con Personería Gremial en todo el país, con la excepción de Córdoba y San Miguel de Tucumán, por lo tanto somos la única asociación a nivel país que discutimos paritarias y que somos signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo de esta actividad”.

Por último, Walter Montaña sostuvo que “vamos a hacer las presentaciones en el Ministerio de Trabajo de Nación para que se haga eco de nuestro reclamo, porque el accionar de estos pseudosindicatos, con este tipo de medidas arbitrarias e ilegales, ponen en riesgo los puestos de trabajo y no tenemos dudas que se pueden generar despidos por este accionar”.