BUENOS AIRES.- Los diputados Manuel López, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic acusan a Melella y a los funcionarios del gobierno nacional de cometer delitos contra la seguridad de la nación, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, entre otros cargos. Además, solicitaron una medida de no innovar para suspender la ejecución del acuerdo con el régimen asiático.
La denuncia se basa en la ratificación del gobernador mediante el decreto provincial 3312/22, que establece la construcción de una base naval con financiamiento chino a través de un acuerdo con la empresa estatal Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd. El documento fue remitido a la presidenta de la Legislatura fueguina, Mónica Urquiza, para su tratamiento por parte de los legisladores.
El acuerdo, recientemente ratificado y redactado tanto en chino como en castellano, destaca la elección del enclave austral por su ubicación estratégica y sus recursos naturales, especialmente el gas natural. Los diputados argumentan que esta colaboración con China en el área de Tierra del Fuego genera preocupaciones sobre la seguridad y el poder regional, especialmente en el contexto de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, la RUGB y la OTAN.
Los denunciantes expresaron su descontento por la falta de transparencia en el proceso y señalaron que el acuerdo no respeta las disposiciones constitucionales, en particular el artículo 124 que exige que los acuerdos de este tipo sean conocidos por el Congreso. También resaltaron la coincidencia en el tiempo entre la visita de funcionarios del gobierno argentino a China en busca de acuerdos comerciales y auxilio financiero, y la ratificación del Memorándum de Entendimiento por parte de Melella.
La diputada Mariana Zuvic calificó esta situación como una "entrega histórica de nuestra soberanía" y expresó su preocupación por la falta de participación del Congreso y las áreas competentes en la toma de decisiones. La denuncia fue presentada con el objetivo de que se realice una investigación exhaustiva y se evalúe la legalidad de los actos llevados a cabo por los funcionarios involucrados.
Tras el sorteo realizado, la instrucción de la causa penal estará a cargo del fiscal federal Franco Piccardi, mientras que la jueza federal encargada del caso será María Servini.
