USHUAIA.- Mediante una acción legal, Martin Miguel Ortiz Ayerbe, miembro del Movimiento de Liberación Nacional, presentó una denuncia penal contra el Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, así como otros funcionarios de alto rango. La denuncia, realizada en el marco de los delitos de traición a la patria, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes del funcionario público, indica que se generará un gran revuelo en la provincia y el país.
La denuncia, sustentada en los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), junto con el artículo 119 de la Constitución Nacional y otros artículos relacionados, señala a Gustavo Melella, en su calidad de Gobernador de Tierra del Fuego, como uno de los principales acusados. También se menciona a Mariano Lombardi, a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, y a Micaela Sánchez Malcolm, Secretaria de Innovación Pública, ambos funcionarios nombrados en decretos presidenciales.
La denuncia se basa en la instalación y funcionamiento de un radar espía, propiedad de la empresa británica "LeoLabs Space Holdings Limited" S.R.L. Este radar fue colocado dentro de la estancia "El Relincho," propiedad de Vicente Castellano, en un evento registrado el 4 de marzo de 2022, según documentos judiciales de la ciudad de Ushuaia. La dirección de la empresa se encuentra en la calle De los Ñires N°2250, planta baja "B" de la Ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de esta denuncia es hacer que se investigue la participación de los funcionarios públicos mencionados en la instalación y funcionamiento del mencionado radar espía, en aparente violación de disposiciones legales y de defensa nacional. La denuncia alega que esto pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la soberanía del país.
La Disposición N° 8/22 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente de Mariano Lombardi, y la Disposición N°14/2023; Dec.P 457/2021 de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) también están involucradas en esta denuncia.
Esta denuncia penal podría ser el punta pie inicial de un debate intenso en la provincia de Tierra del Fuego y en todo el país, con muchos ciudadanos esperando ansiosos el desarrollo de la investigación y la posible implicación de los funcionarios mencionados en este intrigante caso.
