Deheza: “Con el aumento a la clase política se tapan cosas más graves”

En conferencia de prensa, los legisladores por Encuentro Popular (EP) volvieron a criticar fuertemente al Gobierno y en especial a Fabiana Ríos por su actitud ante el aumento salarial autoimpuesto por los parlamentarios, que lleva sus sueldos a más de 50 mil pesos.

La conferencia estuvo encabezada por Manuel Raimbaul, Elida Deheza y Verónica De María. En primer término, quien hizo uso de la palabra fue Deheza que comenzó diciendo que “para nosotros es muy importante que la gente conozca que es lo que está pasando porque además consideramos que los hechos son más contundentes y demostrativos que las palabras y los hechos que nosotros venimos a clarificar ante la opinión pública, tienen que ver con situaciones demostrables”.

“El proyecto de ley que se sancionó por insistencia en la última sesión legislativa es exactamente el mismo proyecto de ley que vetó la Gobernadora en diciembre de manera que el texto era archiconocido por el Ejecutivo provincial porque no se ha movido ni una coma”, advirtió.

Además, dijo que “ese proyecto de ley que fue vetado en su momento se insistió en la Cámara legislativa el 25 de agosto con el acompañamiento de los dos Legisladores representantes del Partido Social Patagónico (PSP), con lo cual es absolutamente claro que ha habido un acompañamiento por parte del Ejecutivo en este sentido y que además lleva implícito un retroceso porque deroga la Ley 277, que permite el cálculo de antigüedad y título en la dieta de los funcionarios”.

“Cuando hablamos de funcionarios estamos hablando de los Legisladores, de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo y cuando referenciamos a la dieta de la Gobernadora, es precisamente porque a esa dieta están enganchadas las dietas de los demás funcionarios”, destacó Deheza que a su vez, planteó que “en coherencia con lo que hemos expresado siempre, hay una cosa que se discutió era equiparar. Hablar de oportunidades también es hablar de igualdad salarial y nosotros, cuando se discutió en la Ley 805 el cálculo para la dieta de la Gobernadora y se consideró siete categorías 10 de la administración pública provincial, se consideró esto con una mirada política que dice que los funcionarios cuando aumentan sus dietas, debe estar condicionada al aumento del haber de los que menos ganan”.

Así, explicó que “el cambio de referencia a la categoría 10 pero de la Legislatura, por supuesto que no es gratuito ya que la categoría 10 de la Legislatura provincial es sensiblemente mayor que lo cobra la categoría 10 de la administración central”

“Todo hace esperar que el presupuesto legislativo se apruebe en la Cámara y esto lleva la categoría 10 de la Legislatura provincial arriba de los 6 mil pesos, con lo cual cualquier ciudadano de la provincia tiene que hacer los cálculos y verá que a partir de enero, los sueldos serán sencillamente escandalosos”, avizoró la parlamentaria.

Por otro lado, prosiguió diciendo que “la definición que ha hecho la Gobernadora de la suspensión de este aumento escandaloso para los funcionarios políticos de la provincia, francamente suena otra vez como una falta de respeto porque decir que se suspende porque no hay fondos, francamente es reconocer que hay acuerdo para que esto sea de esta manera, salvo que estemos hablando de que a partir de enero, los sueldos de la administración pública a partir de enero van a estar más o menos en una brecha igualitaria a lo que van a cobrar los políticos”.

“Así que en realidad, la única salida que tiene esto, que debió tener, fue denunciarlo por inconstitucional porque este aumento que va a ser efectivo para los Legisladores y para los entes autárquicos, entendemos que tiene visos de ilegalidad porque no ha sido considerado en el marco de lo que establecen las normativas legales”, declamó Deheza que además, señaló: “No es un dato menor porque en la misma semana, tal cual lo habíamos comentado, el Ministro de Economía nos planteó a los Legisladores que no tenía los fondos suficientes para hacerse cargo de algunos acuerdos que llamativamente se hicieron en la semana de la segunda vuelta electoral, y que estaban implicando más o menos 11 millones de pesos al año”.

La Legisladora fue más allá al decir que “ahora, parece que sí hay dinero. No lo cobrarían los funcionarios políticos pero los fondos salen del presupuesto de la provincia y los entes autárquicos lo van a cobrar. Nosotros como consideramos que los hechos son más contundentes que las palabras, presentamos en la Legislatura provincial, en nuestro planteo de no recibir el incremento, por supuesto que estamos preparados para todo y también para las trapisondas”.

Sobre los fondos en cuestión, la parlamentaria aclaró que “para el caso que se niegue la Legislatura a no liquidarnos el aumento, públicamente también toda la ciudadanía se va a enterar que la plata no la vamos a llevar a nuestro bolsillo y en todo caso la tendremos que donar”.

A su vez, develó que “hicimos una denuncia para pedirle el estado de legalidad al Tribunal de Cuentas porque para nosotros, el cambio de rumbo que ha tomado el Gobierno es preocupante porque después de escuchar las declaraciones de ayer, todo hace suponer que de acá a diciembre la Cámara va a estar tratando temas complejos: el CA-12, la renovación de contratos petroleros, también tenemos los acuerdos arribados por la UTE en el puerto de Río Grande y en todos los casos, estamos hablando de mucha plata en juego”.

“También queremos destacar que este tema que estamos discutiendo hoy, también indudablemente atraviesa a la sociedad de Tierra del Fuego porque tenemos a los sectores gremiales en reclamo salarial constante y en espera permanente”, resaltó y elucubró que “esto vino a tapar otra situación que a nuestro criterio es tan grave como es el marco que se la ha dado a la prórroga de los contratos petroleros, con una decisión de la Secretaría de Hidrocarburos de darle un marco de confidencialidad, en el tratamiento de uno de los temas más importantes, en el marco de un secreto de Estado cual si fuéramos a encontrarnos con documentos de la CIA”.