RIO GRANDE.- Carlos Cabral, presidente de la Asociación Civil Cámara de Instituciones Privadas de Educación de Tierra del Fuego (ACIPE-TDF), habló con AIRE LIBRE FM sobre la suspensión de la reunión de comisión en la Legislatura y la falta de respuesta de los funcionarios gubernamentales, especialmente los del Ministerio de Educación y el de Finanzas. Además, mencionó la posibilidad de recurrir a la vía judicial por incumplimiento de la ley de aportes financieros estatales. También comentó sobre la situación de las escuelas de gestión privada y la importancia de la educación pública.
En primer término informó que no se realizó la reunión de comisión en la Legislatura provincial. “El lunes nos informaron que se suspendió y ha sido reprogramada para el día 31 de agosto, así que faltan dos semanas y desconocemos el motivo de esta suspensión, iban a participar los ministros de Educación y de Economía”, dijo.
“Solamente tuvimos el lunes a la tarde la información de la Legislatura de que se había suspendido y ayer (martes) a la mañana estuvimos consultando si es que había sido establecido otro día y nos dijeron que para el 31 de agosto”.
Dijo que “los funcionarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de Finanzas, son los responsables de esta posibilidad de poder tener una reunión a través de la Legislatura con los ministros porque fue a instancia de solicitarles desde la Asociación que intermediaran ellos porque no había ninguna posibilidad de puente de comunicación desde el lado de los ministros”.
En ese punto, el entrevistado aseguró que a pesar de que “nosotros desde la asociación, como debe ser, todo el tiempo tenemos comunicación y mantenemos, los canales para comunicarnos con ellos y también en reiteradas oportunidades estuvimos solicitándoles una reunión, juntarnos para sentarnos, conversar y ver las alternativas para resolver las cuestiones del sector, pero no recibimos absolutamente ningún tipo de respuesta, ninguna”, remarcó.
Enfatizó en que “no es que no recibimos una respuesta que no nos satisfaga a lo que nosotros pedimos. No, absolutamente nada de nada como lo es hasta el día de la fecha”, lamentó.
Se vienen medidas judiciales
Cabral recordó que “la semana pasada tuvimos reunión de la Asociación y ya habíamos planteado la alternativa, que es a esta altura la única que nos queda es iniciar acciones judiciales vía recursos de amparo que en otras épocas, en otras gestiones de gobierno, ya las instituciones han tenido que hacer a los fines de acceder a sus derechos y también salvaguardar sus instituciones respecto a esta actitud por parte de los funcionarios del Estado provincial de no cumplir con las leyes vigentes y en particular con la ley 749 que es la que fija los aportes financieros estatales que ellos tienen obligación por ley de ya haber transferido a las instituciones”.
Aseguró que “eso las afecta seriamente y parece ser que en ese mutismo y en eso de no responder ni una palabra se ve una decisión absolutamente política e ideológica de afectar al sector. Y eso mismo ocurrió en la gestión de Fabiana Ríos, donde las instituciones educativas de gestión privada habían acudido a la justicia en varias oportunidades y fue por vía de recursos de amparo donde y cuando, en definitiva, se pusieron las cosas en su lugar, puesto que la justicia hizo que se cumpliera la ley, que es muy clara respecto de cuáles son las obligaciones que se tienen y también en ese momento llegamos a tener que hacer también denuncias penales de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque en definitiva también eso es lo que están haciendo los funcionarios”.
“La matrícula provincial privada representa más del 20% a nivel inicial, primario y secundario”
Carlos ‘Beto’ Cabral dijo que “es inentendible el por qué quieren afectar a un sector que tiene en las instituciones educativas y gestión privada de Tierra del Fuego a la que concurren alrededor de 11.000 alumnos y también cumplen funciones alrededor de 2.000 docentes y unos 300 no docentes. No hay ningún otro motivo a entender que no sea sólo una decisión política y ideológica de afectar”.
Agregó que “está involucrada mucha gente en esta comunidad. La matrícula provincial representa más del 20% a nivel inicial, primario y secundario”.
Consultado qué pasaría en caso de que se cierran las escuelas, jardines y colegios de gestión privada con esos 11.000 alumnos y la gestión pública los va a poder absorber, Cabral entendió que “obviamente no, porque faltan edificios y demás, entre otras cosas. Pero además llama mucho la atención que tengamos que acudir a la justicia para que se cumpla con una ley y que la justicia le diga tiene que cumplir con esta norma, que por eso es una cuestión institucional y el Gobierno sabe que tiene que cumplir con las leyes, es decir, ir a la justicia para que se cumpla con la ley, no es alguna cuestión de interpretación sino que está la ley escrita y se tiene que cumplir. Se trata de la ley 749 que es muy clara y prescriptiva -o reglamentarista como puede escucharse por ahí-, en el sentido de que uno de esos artículos dice claramente que el Estado provincial debe enviar los fondos correspondientes, el aporte financiero estatal de los sueldos de los docentes que están bajo reconocimiento, el mismo día en que el Estado paga el sueldo a los docentes estatales, cosa que se hizo el día 4 de agosto en este caso, y esas diferencias del mes de julio por impacto de la variación salarial que por decreto estableció el Gobierno provincial, automáticamente lo tendrían que haber hecho, por qué no lo hicieron: lo desconocemos, pero la realidad es que no lo han hecho, ya hoy es día 16, las obligaciones que tienen las instituciones también se hacen frente con esos fondos”, observó.
Seis meses de atraso con el FONID
Por otra parte Cabral también denunció un retraso en el envío de los aportes del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “También ese es un tema de mucha importancia porque llevan seis meses sin que le transfieran a las instituciones educativas para que eso sea pagado a los docentes. Esos son fondos nacionales que llegan en tiempo y forma a las provincias y que son de afectación específica. Tienen ese destino específico del pago de esos conceptos. Tampoco. Absolutamente ningún tipo de respuesta ni por qué el Gobierno provincial no viabiliza los pagos. Es inentendible lo que hacen los funcionarios”.
