PROVINCIALES

INTERPRETACION DE LA LEY 648

Aramburu: “Nunca se pidió la suspensión de los plazos judiciales”

El Jefe de Gabinete provincial le restó valor al ‘Documento Río Grande’ al aseverar que “la Justicia no puede considerarlo de valor documental en términos procesales a los efectos de suspender las actuaciones”. “Hay necesidad de que la Justicia falle sobre la demanda planteada”, dijo Aramburu. 

Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Guillermo Aramburu.
Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Guillermo Aramburu.
El jefe de Gabinete del Gobierno fueguino, Guillermo Aramburu, aclaró que el acuerdo firmado por el Ejecutivo con los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin “en ningún momento” planteó a la Justicia suspender las actuaciones para determinar los alcances de la Ley 648. El funcionario consideró que “hubo una mala interpretación” del documento, que si bien “revela un alto contenido político”, es de “nulo contenido judicial”.

En declaraciones a FM del Pueblo, Aramburu ratificó que el denominado ‘Documento Río Grande’, “tenía como objeto plasmar por escrito lo que se venía hablando en varias oportunidades con los intendentes: la voluntad que tenemos todas las partes de arribar a una solución”, independientemente “de la necesidad de que la Justicia falle en función de la demanda planteada hace más de un año”.

Para el Jefe de Gabinete “hubo una mala interpretación” de que a partir de la firma “se haya abstraído la cuestión judicial”, toda vez que “con la simple lectura del documento se advierte que en ningún momento se pide la suspensión de los plazos, porque no podríamos hacerlo, y porque no es la modalidad ni el formato que jurídicamente pueda considerarse como un elemento de suspensión”.

En consecuencia, “la Justicia no puede considerarlo de un valor documental en términos procesales a los efectos de suspender las actuaciones”, reiteró, teniendo en cuenta además que “esto no surge ni de la letra, ni del espíritu, ni de los actores”.

El acuerdo “refleja la voluntad que tuvo siempre la Gobernadora de que de ninguna manera y en ninguna oportunidad, el objetivo de la demanda judicial era ahogar financieramente a los municipios”, aseveró el Jefe de Gabinete.

Finalmente, Guillermo Aramburu dijo que “la idea del Gobierno es que seamos racionales en la proporción entre los recursos y los servicios públicos que se prestan y la firma del documento apunta a mostrar responsabilidad institucional y absoluta voluntad de dialogo de cada una de las partes”.
 

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