RIO GRANDE.- Entre 6 y 8 efectivos de Policía Federal llevan a delante el procedimiento, realizando el retiro de documentación en el marco de la investigación por las contrataciones de seguros para la administración pública, luego de que el Ministerio de Capital Humano presentara una denuncia contra un ex directivo de la ANSES por el escándalo de los seguros en la gestión de Alberto Fernández.
Gustavo Melella y Héctor Martínez Sosa se conocían hace tiempo y habían tenido relación comercial en Río Grande, donde la empresa de seguros tiene su base comercial desde 1978. Apenas saltó a la gobernación, Melella le cedió el control absoluto de todas las contrataciones estatales. El 24 de julio de 2020, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández firmó un contrato de asesoramiento con la provincia de Tierra del Fuego. A partir de ese momento, todos los seguros pasaron por sus manos y se quedó con millonarias comisiones. Esa relación sigue vigente, como demuestran varios documentos a los que tuvo acceso Infobae.
Héctor Martínez Sosa es uno de los brokers salpicados por el escándalo de los seguros. Su nombre saltó a la luz porque está casado con la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Pero además es acreedor del ex presidente: según la última declaración jurada, Alberto Fernández todavía le debe $102.240. En una entrevista con La Nación, el ex mandatario sostuvo que la deuda inicial fue de 20 mil dólares.
La influencia de Martínez Sosa se extienda a varias provincias y municipios. En Tierra del Fuego, el gobernador Melella le entregó hace cuatro años el control de los seguros. El decreto 1000/20 determinó que la empresa del broker, Héctor Martínez Sosa SA, se comprometía a “asesorar a la Oficina Provincial de Contrataciones en todo lo que se refiera en materia de seguros, su contratación, debiendo asistir en la confección de los pliegos y posterior análisis de las ofertas”.
Ese decreto -firmado por un apoderado de HMS SA y el entonces ministro de Finanzas Guillermo Fernández– también obligaba a la empresa de seguros a “informar a la Oficina Provincial de Contrataciones sobre la situación patrimonial de cada una de la compañías que tienen pólizas contratadas de la administración pública provincial, organismos descentralizados y autárquicos”.
El decreto 1000/20 habilitaba a Martínez Sosa a cobrar comisiones millonarias
“Martínez Sosa pasó a ser el intermediario privilegiado y empezó a cobrar comisiones millonarias que pagaban las empresas contratadas”, explicó a este medio un empresario del rubro que conoce la trama. Lo más llamativo es que ese beneficio quedó expuesto en la cláusula tercera del decreto: “Como contraprestación por los servicios prestador por parte del asesor, éste cobrará su comisión por parte de la empresa aseguradora”.
Dos meses antes de ese convenio, Melella ya había activado la primera jugada: le sacó el control de los seguros al Banco Provincia de Tierra del Fuego y se los cedió a la Oficina Provincial de Contrataciones. Fue un cambio abrupto porque el Banco tenía el control de todos los seguros del sector público desde 2004. “Se entiende que centralizar la contratación de pólizas de todos los bienes asegurables de la Provincia significa organizar un sistema de administración que provea las mejores condiciones de contratación de programas de seguros y una adecuada administración de los riesgos y siniestros”, dice el decreto 675, firmado por Melella en mayo de 2020.
Por si faltaba algo, en octubre de ese año, el titular de la Oficina de Contrataciones notificó a las empresas de seguros que Martínez Sosa había sido designado “asesor productor de seguros exclusivo para todas las gestiones” que demandaba la provincia. Esa nota, enviada a varias empresas, detallaba que el broker también pasaba a dominar los seguros de los organismos descentralizados y autárquicos. Algunos de los organismos mencionados en esa nota son la Policía Provincial, la Agencia Recaudadora Fueguina, la Caja de Previsión Social, la Obra Social de la provincia, entre otros. Todas cajas millonarias.
Las empresas recibieron una nota que avisaba el rol de Martínez Sosa
En Tierra del Fuego nadie se sorprende con la participación estelar de Martínez Sosa. De hecho, el empresario ya había sido elegido como intermediario durante el gobierno de Jorge Colazo, pero en ese momento a través del Banco de la Provincia. “A fines de 2008, durante el gobierno de Fabiana Ríos, se dio de baja esa contratación y recibimos todo tipo de presiones”, recordó un ex funcionario consultado por Infobae.
Pasó el tiempo y Martínez Sosa recuperó el monopolio de los seguros. De hecho, ese esquema no se alteró en los últimos cuatro años. En diálogo con el diario La Nación, Melella admitió el vínculo y dijo que contrató a Martínez Sosa porque “no encontró uno mejor”.
Efectivamente, el empresario sigue manejando las contrataciones y las licitaciones a su antojo. Infobae accedió a documentos oficiales publicados por el gobierno de Tierra del Fuego que demuestran que el esquema de negocios sigue vigente.
En 2023, la Secretaría de Comunicación Digital de Tierra del Fuego contrató un seguro técnico para equipos de procesamiento de datos, comunicaciones y/o emisión de TV perteneciente de la Dirección de LU88 TV Canal 13. La empresa elegida fue “La Caja Seguros”, pero nuevamente apareció la empresa del broker. “Vistas y analizadas las ofertas recibidas, tomó intervención la Dirección General de Gestión de Seguros de la Oficina Provincial de Contrataciones y la firma Martínez Sosa y CIA SA, asesora de la Provincia en materia de seguros, conforme se desprende de las constancias obrantes en orden 31 y 30 respectivamente, de las cuales surge el orden de mérito y la consecuente preadjudicación de la Contratación Directa”, dice la resolución 191/2023.
Otro ejemplo. En mayo del año pasado, la provincia contrató un seguro anual para los dos aviones de Tierra del Fuego. Por licitación, el seguro fue adjudicado a Nación Seguros, presidida hasta fines de 2023 por Alberto Pagliano, pero la empresa de Martínez Sosa figuró como intermediaria. El dato consta en la resolución 167/2023, firmada por el secretario legal y Técnico de Melella, José Capdevilla.
Pagliano ayer fue imputado junto al ex presidente Alberto Fernández por el fiscal Ramiro González, el mismo que intervino al comienzo de la causa por la Fiesta de Olivos. Un día antes, la abogada Silvina Martínez los había denunciado por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y malversación de caudales públicos. Horas después, el gobierno se presentó en el expediente y en las próximas horas pedirá ser querellante, tal como adelantó este medio.
Enterado de la imputación, Fernández salió a defenderse. “Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, dijo en ex presidente en una entrevista con radio La Red.
La maniobra habría comenzado con el decreto 823/2021, que le entregaba todos los contratos a Nación Seguros. Para el ex presidente, esa norma terminó “el negocito” de algunos, pero la acusación plantea que potenció las ganancias de un puñado de brokers. “En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, dijo este lunes Fernández sobre ese polémico decreto.
