BUENOS AIRES.- Llegó marzo y, con el inicio de las clases, en las universidades se vislumbra un escenario de conflictividad como fue el 2024. Si el año pasado tuvo picos de protesta con dos movilizaciones masivas, con el mismo presupuesto del 2023 y un aumento salarial irrisorio, los gremios ya decretaron un paro para el 17 y 18 de marzo. A su vez anunciaron que iniciarán las conversaciones con los sectores de estudiantes y rectorados para planificar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no llamar a paritarias y aumentar unilateralmente el salario de docentes y no docentes al mismo nivel que los estatales, que fue de 1.5 por ciento para enero y 1.2 para febrero, números que están muy lejos de la recomposición salarial que piden los sindicatos. Según los cálculos la pérdida del poder adquisitivo es de 40 puntos. “La idea es seguir peleando fuerte y visibilizando la situación”, anticiparon.
El Frente Sindical universitario ya movió las primeras piezas. Ante la falta de diálogo con el ministerio de Capital Humano para lograr recomponer el salario y la ausencia de reuniones paritarias –la última fue en octubre, días antes de la movilización, cuando ofrecieron un aumento mínimo– los gremios docentes y no docentes anunciaron un paro de 48 horas e iniciaron las conversaciones para reflotar el gran bloque junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
“La situación no mejoró en absoluto con respecto al año pasado”, le dijo el secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, a Página/12. “Esto se viene arrastrando y después de 15 meses de este gobierno, estamos prácticamente en más del 7o por ciento de diferencia con la inflación, eso nos da una pérdida de poder adquisitivo de alrededor de 40 puntos. Y no tenemos ninguna respuesta”, agregó el dirigente.
Desde CONADU Histórica también reclaman un programa de recuperación del poder adquisitivo y advierten sobre la falta de diálogo con el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. “No tenemos ningún puente de conversación ni con el Gobierno ni con la subsecretaría, que son con quiénes históricamente hemos negociado y nos hemos sentado en paritaria”, le contó la secretaria general del gremio, Francisca Staiti, a este diario. “Nos igualan con los salarios estatales, pero eso no quiere decir que tengamos las mismas condiciones de trabajo. Esta pretensión de igualdad ha provocado que nuestros salarios cada vez pierdan más y sigan perdiendo con la inflación”, agregó Staiti en comunicación con este diario.
Más allá de los sueldos, que es el gran problema ya que representan el 90 por ciento del presupuesto, también está la cuestión del funcionamiento, donde también habrá conflictividad porque las universidades tienen el presupuesto prorrogado del 2023. Es por eso que la medida engloba a docentes y no docentes y participarán también Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA.
Una de las apuestas es mantener el bloque universitario que se conformó el año pasado junto a los rectorados y los estudiantes. Los gremios entienden que el plan de lucha debe ser en conjunto porque la depreciación del salario afecta a la calidad educativa, provoca la renuncia de los docentes que se van a otros sectores con mejores ingresos y genera problemas de sobrecarga de trabajo y malas condiciones en las aulas.
“Que el año sea tranquilo va a depender muchísimo de que el Gobierno marque un camino salarial de recomposición”, le dijo el director del CIN, Víctor Moriñigo, a Página/12. A diferencia de lo que sucede con los gremios, los rectorados sí tienen diálogo con el Gobierno, pero el problema persiste. “La referencia del presupuesto va a ser casi desdibujada y borrada, es imposible saber cuál es la base de cálculo. Es muy complicado funcionar así porque tenemos antigüedades que van subiendo mes a mes, que no nos la reconocen, y además tenemos el inconveniente de que el disponible para gastos de funcionamiento ha bajado, o sea, el dinero de diciembre fue uno y el de enero fue otro, y pese a que fueron solo 30 días de diferencia, hubo una baja del mismo por una cuestión de la metodología de cálculo que aplica el Gobierno”, explicó Moriñigo.
En enero, el Gobierno no repitió el gasto de diciembre sino que hizo una anualización de enero a diciembre de 2024, un promedio. “Veníamos con una idea de tener un disponible para gastos de, por ejemplo, 100 pesos, y ahora con ese cálculo bajó a 50", agregó el director del CIN. Sin embargo, confía en que el conflicto no escale a los puntos de tensión del año pasado, que también incluyeron tomas en todo el país.
La FUA arrancó este año con recambio de autoridades, Joaquín Carvalho es el nuevo presidente en reemplazo de Piera Fernández, que el año pasado se convirtió en una de las voces destacadas del bloque universitario. Siguiendo el camino trazado, la nueva autoridad sostuvo que “la expectativa es que continúe el trabajo articulado que nos sirvió mucho” porque “la más amplia unidad es lo mejor para la consecución del objetivo, que es que la universidad tenga un presupuesto acorde y que los trabajadores docentes y no docentes tengan sus salarios también acorde a la a la inflación y a la realidad económica actual”.
En diálogo con Página/12, Carvalho agregó que es probable que el 2025 también sea un año conflictivo en la medida en que el Gobierno no de una respuesta. “Resta ver si el gobierno, igual que el año pasado, tiene una arremetida ideológica, política y simbólica hacia las universidades, eso va a presentar el conflicto”, agregó.
