BUENOS AIRES.- El Gobierno habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes. En los próximos días, el presidente Javier Milei reglamentará el capítulo de educación relegado de la Ley Bases, que también establece criterios diferenciados para la distribución de recursos entre las instituciones de educación superior del país, considerando la relación entre la cantidad de alumnos y graduados.
Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición respecto al financiamiento universitario, especialmente tras el veto que Milei impuso recientemente.
La oficialización de esta medida se realizará a través del ministerio que dirige Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, aseguran funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, la incertidumbre en torno a su oficialización persiste debido a la controversia generada por el veto presidencial. En el Ministerio de Educación, algunos sostienen que la reglamentación del proyecto se llevará a cabo después del debate parlamentario en la Cámara de Diputados, programado para el miércoles 9 de octubre.
Este capítulo de educación formaba parte de la primera Ley de Bases, que fue desestimada en enero y luego recortada por el Ejecutivo. Uno de los artículos de la iniciativa que se reglamentará establece precisamente la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
Una vez que se apruebe la reglamentación, serán las propias instituciones de educación superior las que decidirán si implementan o no los cobros a los extranjeros. Además, la normativa revisará los criterios para la distribución de recursos presupuestarios, en función del número de alumnos matriculados y sus egresos. Otro de los aspectos que se incluirán es “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según indican fuentes del ministerio encabezado por Torrendell.
A pesar de que algunos sectores universitarios han señalado que los lineamientos generales de la iniciativa no parecen generar, a priori, un foco de confrontación con el Ejecutivo, han manifestado que no han sido notificados sobre la nueva normativa. Algunos advierten que, si surge algún aspecto controvertido, podría repetirse un escenario similar al ocurrido cuando el Congreso rechazó el DNU de Milei, que incrementó los gastos reservados de la SIDE. Desde la UBA, expresaron sorpresa ante la medida, subrayando que la universidad no acepta extranjeros que no sean residentes en el país, lo que implica que para poder cursar necesitan tener un DNI argentino.
