BUENOS AIRES.- Cientos de cartoneros acompañaron en el Congreso una nueva presentación del proyecto de Ley de Envases, que tiene como objetivo que las empresas se hagan cargo de reciclar o financiar, pagando una tasa, el reciclado de los envases que colocan en el mercado. El tema es como la pelea de David y Goliat: desde 1999 se presentaron 48 proyectos sobre qué hacer con los envases que no se reciclan y terminan convertidos en basura plástica, pero todos fueron frenados. El lobby de las multinacionales es muy fuerte.
La actual propuesta de ley fue reingresada por la diputada cartonera Naty Zaracho, con el apoyo de otros legisladores del Frente de Todos.
El proyecto es prácticamente igual al que en 2021 presentó el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente de la Nación, y que llegó a ser tratado en comisiones hasta que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se puso a recorrer despachos. En ese momento también salieron a la luz presiones ejercidas por multinacionales como Coca Cola. La Amcham logró así sacarlo de la agenda, y a fines de 2022 el texto perdió estado parlamentario. Con esta nueva presentación, deberá volver a hacer su camino por las comisiones para intentar, nuevamente, llegar al debate del pleno de los diputados.
Puede ser desesperanzador ver cómo un proyecto acumula 20 años de intentos, sin convertirse en ley. Sin embargo, el tono de la presentación se enfocó en la idea de que es posible conseguir, esta vez, una masa de apoyos mayor. De hecho, la entrada en la escena política de las organizaciones de cartoneros, ahora sumados a los grupos ambientalistas -que fueron los primeros en encarar el problema-, viene cambiando las cosas, dándole mayor visibilidad.
Los cartoneros son más de 150 mil en todo el país -su número es variable, porque aumenta en los momentos de crisis-, trabajando en condiciones ultraprecarias. Si bien un porcentaje consiguió organizarse, muchos aún revuelven los basurales a cielo abierto, donde están expuestos a todos los males, incluso al más extremo, el de morir aplastados por un camión o una topadora, lo que sucede con más frecuencia que la que se cree. Organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Excluidos estiman que si se implementaran sistemas de gestión y reciclado de la basura, con un fondo específico para su financiamiento, se podrían generar 80 mil puestos de trabajo decente.
El proyecto de ley tiene otras fuerzas a su favor: existen acuerdos internacionales firmados por la Argentina que obligan al Estado a hacer algo con el plástico. En muchos de los países vecinos, como el Uruguay, las empresas ya pagan una tasa para el reciclado de sus envases; Chile y Brasil tienen también normas sobre el tema y en Ecuador hay un impuesto al empaque.
Como muestra del apoyo del bloque del Frente de Todos al proyecto, en la presentación realizada este miércoles estuvo su titular, Germán Martínez. “Es cierto que en el primer ingreso no se logró sancionar este proyecto y que venimos de dos décadas de proyectos que no se pudieron sancionar, pero el tema sigue acumulando peso y siempre que se debate, se debate más”, señaló Martínez. También recordó que algo similar pasó con el etiquetado frontal, proyecto que finalmente logró ser aprobado tras enfrentar lobbies similares.
El punto que genera la oposición de las multinacionales es el pago de una tasa por parte de aquellas empresas que pongan en el mercado envases plásticos. En este sentido, el proyecto inicial pasó por varias rondas de negociaciones con las cámaras empresariales y fue modificado. Se amplió, por ejemplo, para proponer la coexistencia de un sistema de reciclado privado con uno público. El esquema planteado actualmente por el proyecto de ley es que la empresa que quiera reciclar sus envases podrá hacerlo por sí misma, o financiarlo privadamente (y pagar menos, o no pagar ninguna tasa, en caso de que recicle correctamente todos sus envases), mientras que aquella que no recicle pagará la tasa. Con esos pagos, propone el proyecto de ley, se creará un Fondo Fiduciario destinado a crear sistemas de reciclado y a financiar, también, un cambio hacia la producción de envases más fácilmente recuperables.
El viceministro de Ambiente Sergio Federovisky, participante en la presentación, planteó sin embargo que “aunque convivan un sistema privado y uno público, todos los envases deben ser tratados, y para eso debe haber financiación”. Agregó que si el tema se deja enteramente en manos del sector privado, tal vez haya grandes empresas con gran poder económico que reciclen, pero quedará el problema de qué hacer con los envases del resto. En otras palabras, se necesita crear un fondo para el reciclado. “No existe una ley de envases que no contemple el pago de una tasa”, remarcó. Para Federovisky, esta es la garantía de que el productor se haga cargo del plástico que coloca en el mercado.
Puso como ejemplo el caso de la ley de tratamiento de envases de fitosanitarios -los recipientes de agrotóxicos-, que fue sancionada, pero que aún encuentra dificultades para su implementación.
La cuestión de sancionar una ley que funcione, que tenga consenso y medios para ser cumplida, fue señalada también por Zaracho. “Nosotros no queremos sólo la ley, sino que la ley sea llevada a la práctica, y por eso sumamos los aportes de las empresas y de otros diputados. Estamos abiertos a dar todas las discusiones necesarias porque queremos que la ley se implemente”, dijo la diputada
También llamó a que el Congreso “discuta una agenda política que tenga que ver con los problemas de la gente”. “No es una sensiblería, sino un criterio. Si no le ponemos un poquito de humanidad, todo el tiempo terminamos corriendo detrás de la agenda del dios dinero”.
En el auditorio del anexo de la Cámara estuvieron, además de los ya mencionados, la Directora Nacional de Reciclado, María Castillo, y los diputados Florencia Lampreabe, Federico Fagioli, Paula Penacca, Natalia Souto y Hernán Pérez Araujo. Los Jóvenes por el Clima participaron de uno de los dos paneles que acompañaron la presentación de la ley. "Las acciones individuales, el famoso granito de arena, es insuficiente para dar respuesta a este problema. Si no se aborda desde la producción, ningún esfuerzo alcanza", plantearon.
Matías Capobianco, referente de una de las cooperativas cartoneras del MTE, resaltó la paradoja de que los sectores populares sean los que menos consumen y los que más pagan el costo ambiental. "La mayoría de los cartoneros llevamos los materiales al patio de nuestras casas. Necesitamos políticas de reciclado. Con esta ley entramos a jugar otro partido, estamos jugando el partido que queríamos jugar y no lo vamos a dejar".
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