El etiquetado frontal de alimentos con contenido excesivo de grasas, de sodio y de azúcares acaba de recibir un impulso por parte de las autoridades sanitarias de Argentina y de otros países de la región, que deliberaron hace dos semanas en Paraguay, en el marco de la XLII Reunión de Ministros de Salud de Mercosur y Estados Asociados.
El secretario de Coberturas y Recursos de Salud, Luis Giménez –en representación del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein– suscribió convenios en Asunción para que en el país se identifique con rótulos destacados a los productos alimenticios procesados que tengan formulaciones industriales altas de los nutrientes de referencia, según el modelo que aplica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El propósito de la estrategia es ofrecer información clara y precisa a los consumidores sobre los comestibles que adquiere para mejorar la educación alimentaria de la población.
También, para prevenir y combatir problemas de salud que tienen relación directa con la ingesta de alimentos procesados con el agregado de cantidades excesivas de grasas, sal y azúcar.
Imparable
“Se trata de una tendencia internacional imparable y tiene que ver con la toma de conciencia del enorme impacto en los presupuestos públicos que tiene afrontar los costos que implica atender problemas de salud relacionados con el consumo de alimentos no saludables”, explica Guillermo Paraje, economista cordobés experto en el tema y consultor de la OMS.
Paraje está radicado en Chile y es profesor de Economía en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Comenta que en Chile el etiquetado frontal se aplicó gradualmente en 2014 y los resultados alcanzados “son muy satisfactorios”.
Asegura que encuestas recientes señalan que el 80 por ciento de la población chilena dice haber cambiado los hábitos de alimentación evitando consumir nutrientes que tengan las etiquetas de advertencia.
Aclaró que el sistema en el país trasandino establece los límites por volumen o peso del producto y no por la cantidad contenida en porciones, como sucede en Argentina.
“El criterio de porciones es fácil de manipular y es el que prefiere la industria; por eso ejerce lobby muy fuerte cuando se quiere implementar el etiquetado frontal, regular la publicidad de esos productos para proteger a los niños o aplicar impuestos con el propósito de desalentar el consumo de los alimentos desaconsejados”, apunta.
Paraje recordó lo que sucedió en nuestro país el año pasado cuando el Gobierno nacional impulsó la suba del impuesto a las bebidas azucaradas. Al final terminó por ceder a las presiones de las cámaras empresarias del sector y del gobernador de Tucumán, entre otros.
El mandatario tucumano, Juan Manzur, también jugó fuerte en Córdoba para frenar la ordenanza que obliga a retirar los azucareros y sobrecitos de las mesas de los locales gastronómicos de la ciudad. Pero no tuvo éxito.
La norma fue promulgada y está en vigencia, pese a los recursos legales que plantearon Manzur y el Centro Azucarero Argentino.
“Esperemos que se avance con decisión y firmeza en ese sentido porque si no la cosa se va a poner cada vez más fea y difícil de revertir en términos sanitarios”, advierte el especialista.
Advierte que el consumo de alimentos con contenidos excesivos de grasas, sodio y azúcares está relacionado con la obesidad y con enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer.
