NACIONALES

REDEFINEN EL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

La ANSES ya no otorgará créditos

El nuevo decreto busca optimizar la sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, priorizando su uso exclusivo para garantizar el Sistema Previsional. Las funciones crediticias quedarán a cargo del sistema financiero privado.

La ANSES ya no otorgará créditos

USHUAIA.- A través del Decreto 1039/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, Nación determinó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya no podrá utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar créditos. La medida, fundamentada en la Ley N° 27.742, apunta a fortalecer la transparencia en la gestión pública y asegurar la sostenibilidad del sistema previsional argentino.

El decreto señala que una auditoría reciente reveló diferencias significativas entre las tasas de los créditos otorgados por ANSES y las del mercado financiero, lo que perjudicó la rentabilidad del FGS. Según la normativa, este fondo no fue creado para funcionar como una herramienta crediticia, sino para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En línea con esta decisión, los activos del FGS deberán ser invertidos en instrumentos que aseguren la preservación de su valor y la estabilidad del sistema previsional, en beneficio directo de jubilados y pensionados.

El Gobierno destacó que el otorgamiento de créditos puede ser eficientemente gestionado por el sistema financiero privado, que ya ofrece productos dirigidos a jubilados y pensionados bajo la supervisión del Banco Central. Tanto bancos públicos como privados disponen de líneas activas para este segmento, lo que asegura la cobertura de las necesidades de financiamiento sin comprometer los recursos previsionales.

Esta reforma busca proteger los activos del FGS y optimizar el rol de ANSES en su función principal: administrar los recursos de manera sostenible. Al desvincularse de las actividades crediticias, el organismo refuerza su enfoque en garantizar la estabilidad del sistema previsional, resguardando los derechos de los jubilados frente a las fluctuaciones del mercado.

El decreto, ya en vigor, marca un cambio significativo en la administración de los recursos públicos, con el objetivo de promover una gestión estatal más eficiente y transparente.

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