BUENOS AIRES.- La Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron informados de la presentación que harían Alberto Fernández y Martín Guzmán frente a los gobernadores para transparentar la negociación que emprenden ante Kristalina Georgieva con el objetivo de refinanciar los 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri cuando ocupaba Balcarce 50.
El Presidente y su ministro de Economía se mostraron muy críticos del FMI, y Axel Kicillof cerró el círculo cuando le tocó hablar frente a un auditorio que exhibió la ausencia de los mandatarios provinciales que pertenecen a Juntos por el Cambio: “Estados Unidos” y “cabe revisar la estrategia”, deslizó el gobernador bonaerense.
Esos dos conceptos de Kicillof -Estados Unidos y cabe revisar la estrategia- causaron una reacción en cadena que pasó de la Secretaría del Tesoro a la Casa Blanca. En Washington asumen que Kicillof es el principal asesor económico de Cristina Fernández de Kirchner, y ayer evaluaron que su discurso encierra una posible estrategia de negociación que Alberto Fernández y Guzmán siempre negaron.
El Presidente desterró el concepto de ajuste, Guzmán deslizó que las conversaciones están trabadas por la perspectiva que tiene Estados Unidos sobre el programa fallido que aplicó Macri, y Kicillof completó la parábola apuntando a la Secretaría del Tesoro y advirtiendo sobre la posibilidad de un cambio de estrategia.
En estas circunstancias, a Alberto Fernández le costará muchísimo cerrar un acuerdo con aval de Estados Unidos. Y sin el respaldo de Joseph Biden, Argentina camina directo hacia un nuevo default soberano.
Yanet Yellen, secretaria del Tesoro, actúa en el board del FMI por orden de Biden, y ya explicó en la Casa Blanca y a la propia Georgieva, que el plan presentado por Guzmán necesita una baja más fuerte del déficit fiscal. Esa exigencia de Yellen implica para Alberto Fernández un ajuste económico que no está dispuesto a ejecutar.
El jefe de Estado refirió frente a los gobernadores sobre sus éxitos diplomáticos del G20 en Roma, pero aún obvia revelar una trama secreta que explica la reticencia del FMI al momento de aprobarlos en su directorio. Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia no querían aprobar la reducción de los sobrecargos, y tienen dudas acerca de beneficiar a la Argentina con la cesión de millones de dólares en derechos especiales de Giro (DEG.s) que pertenecen a los países centrales.
La reticencia de Biden y sus aliados históricos se superó por la presión que ejerció China, Rusia, México y ciertos países africanos y de Medio Oriente a favor de la Argentina. Entonces, el G20 de Roma pudo tener su comunicado final y Alberto Fernández su triunfo diplomático en este foro multilateral.
Pero la Casa Blanca no se olvidó de la derrota en Italia y cobró con creces en Washington. Descartó rebajar los sobrecargos en la última sesión del board, relativizó el informe del FMI que desnudó las falencias del programa presentando por Macri y no apoyará a Balcarce 50 hasta que el gobierno acepte un plan de ajuste económico.
Esta trama secreta todavía no fue desvelada por Alberto Fernández. Y su contenido en tiempo y lugar permite entender porqué la presentación de Guzmán en el Museo del Bicentenario encendió todas las alarmas en Washington.
No es un tema ideológico. Es un asunto geopolítico: Estados Unidos y sus socios pretenden cobrar los 44.000 millones de dólares contraídos por Macri, y no quieren que Argentina facilite la influencia de China en América Latina.
Además de la insistencia de Alberto Fernández de acceder a la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) para doblegar la influencia regional de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es muy crítica de los regímenes autoritarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A contrario sensu, visto desde la Casa Rosada, la réplica argumental es fácil de describir: no se acepta el ajuste, China es un aliado estratégico y la CELAC otorga un paraguas multilateral que niega la OEA.
“Cabe revisar la estrategia”, opinó Kicillof después de mencionar a los Estados Unidos y señalar que hay “países que tienen la posibilidad de trabar el acuerdo” que negocia la Argentina con el Fondo.
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En el sentido de las agujas del reloj). Yanet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos; David Lipton, extitular del FMI y asesor principal de Yellen; Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos; el traductor presidencial; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Alberto Fernández durante un encuentro informal en el G20 de Roma
Georgieva sugirió a Alberto Fernández que protagonice una demostración indubitable de poder institucional para asegurar a los países más reluctantes del board que su estrategia de negociación era apoyada por los principales referentes de la política doméstica.
El jefe de Estado aceptó la premisa de Georgieva y creyó que la sanción del Presupuesto 2022 cumplía con la recomendación de la directora gerente. Pero el discurso de Máximo Kirchner enterró esa posibilidad, y Alberto Fernández encontró una alternativa viable en la presentación formal de Guzmán ante los 24 gobernadores.
Esa alternativa institucional fue mellada por la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta (Capital Federal), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), que siempre desconfían de los motivos políticos alegados por el Presidente.
Guzmán siempre entendió la necesidad de tener en la presentación a Rodríguez Larreta, Morales, Suárez y Valdes, y jugó una última ficha enviando ayer un WhatsApp a sus celulares personales. No tuvo suerte, y el líder del Pro ni siquiera le contestó.
Sin embargo, en el corto plazo, la principal dificultad de Alberto Fernández y su ministro no será un nuevo portazo de Juntos por el Cambio como consecuencia del acto que protagonizaron ayer en el Museo del Bicentenario.
El problema clave que ahora enfrenta el Presidente y Guzmán es que Estados Unidos ratificó sus dudas frente a la propuesta que presentó la Argentina al staff del FMI. Y esas dudas, tras los discursos de Alberto Fernández, el ministro de Economía y Kicillof, serán difícil de revertir en apenas 75 días.
El 22 de marzo hay que pagar cerca de 3.000 millones de dólares que no existen en las reservas del Banco Central. Sin el acuerdo como desea Biden, habrá default cuando inicie el otoño.
