BUENOS AIRES-. El debate sobre el aborto legal y la efervescencia del movimiento de mujeres tuvieron tal impacto social que posibilitaron el surgimiento de discusiones largamente postergadas como la de la separación de la Iglesia y el Estado.
Durante los meses que duraron las audiencias y el tratamiento legislativo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al compás de la multiplicación de los pañuelos verdes, fueron surgiendo los naranjas y negros de la Campaña Federal por la Separación Iglesia/Estado y la Campaña Nacional Por un Estado Laico, respectivamente.
A su vez, se realizaron varias jornadas de apostasías colectivas y hace 15 días, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), entregó al Episcopado más de 4000 cartas de ciudadanos que no quieren pertenecer más a la Iglesia Católica.
Todo este movimiento social fue acompañado en el Congreso de la Nación con la presentación por parte de los legisladores de más de nueve proyectos que a través de diferentes ángulos buscan reafirmar la condición de Estado laico de la República Argentina y finalizar con el sostenimiento financiero a la Iglesia Católica.
Si bien, las iniciativas aún no comenzaron a tratarse, este jueves a las 14 en la Sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados tendrá lugar el puntapié inicial con una audiencia pública, en la que participarán distintas personalidades como Nora Cortiñas, la APDH, legisladores del FpV, Movimiento Evita, UCR, Frente de Izquierda y otros bloques.
• La madre de todas las batallas: el financiamiento
El debate por el financiamiento económico a la Iglesia Católica salió a la luz el 14 de marzo pasado a raíz de una pregunta que la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, le formuló al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su primer informe anual ante la Cámara baja. Allí, el ministro coordinador admitió que el presupuesto 2018 para pagos a sueldos de obispos y otros cargos eclesiásticos ascendía a $130.421.300 y que un obispo percibía hasta $46.800 mensuales.
El artículo 2 de la Constitución Nacional establece desde 1853 que el "Gobierno federal sostiene el culto católico". A través de los años este sostenimiento estuvo dado por exenciones impositivas, aportes a instituciones educativas, etc. Sin embargo, durante la última dictadura militar se sancionaron cinco decretos-leyes que instauraron contribuciones especiales destinadas sobre todo al pago de salarios a obispos y auxiliares, jubilaciones vitalicias, viajes al exterior y a las provincias, becas de seminaristas y subsidios a párrocos de frontera.
"Hemos presentado un proyecto que plantea derogar estos decretos de la dictadura que plantean privilegios para la Iglesia Católica como con las dietas que perciben los obispos y auxiliares", explicó a ámbito.com, el diputado del PTS/FIT, Nicolás del Caño, quien junto a su compañera de bancada Nathalia González Seligra, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano, celebrado en 1966 durante el gobierno de facto de Onganía.
A su vez, el legislador indicó que se han presentado proyectos en legislaturas de varias provincias con el objetivo de que se "terminen los beneficios impositivos que tiene la Iglesia católica que recibe exenciones impositivas por doquier además de donaciones". "Incluso esto también se da a nivel municipal", sostuvo.
También existe un proyecto del diputado radical Alejandro Echegaray que busca eliminar los cinco decretos firmados por Videla y Bignone.
Para la diputada de Evolución, Carla Carrizo, no se trata solamente de derogar estos cinco decretos leyes. "Se trata de dar un gran debate, ir hacia la equidad de culto, ir hacia la regulación de la transparencia en los fondos. Ese es el gran desafío", dijo a este medio.
La legisladora indicó que en la situación actual ya no puede hablarse de sostenimiento por parte del Estado a la Iglesia. "Esto ya no es sostenimiento, esto ya es privilegio: los sueldos de los obispos, los párrocos, las becas de los seminaristas. Hay un exceso y los excesos tienen que regularse", lanzó.
Su proyecto de ley plantea la equiparación de las remuneraciones de los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina a los de un docente titular universitario, susceptible de tributar impuesto a las ganancias. "Hasta tanto no se derogue el Concordato tenemos que tener un vínculo de obligatoriedad. Un sueldo no es una asignación, te obliga a cumplir la ley", agregó.
A su vez, entre sus proyectos Carrizo y del Caño proponen la derogación del inciso c. del art.146 del Código Civil que establece que la Iglesia Católica es una persona pública, al igual que el Estado nacional y los Estados provinciales. Este estatus no lo tiene ningún otro culto en el país, ya que las otras iglesias son personas jurídicas de carácter privado.
Carla Carrizo, con su pañuelo verde del aborto legal.
Otra de las iniciativas de Carrizo plantea un régimen de transparencia de fondos de todas las iglesias, así como un control a las exenciones impositivas a todas las instituciones pertenecientes e la iglesia Católica. "Queremos saber cómo son las donaciones. Hay que lograr un modelo de financiamiento transparente entre el poder democrático y los poderes religiosos. En esto estamos atrasados 34 años en Argentina", continuó.
• Educación laica: sin injerencias
Dos nuevos proyectos, también de los diputados Nicolás del Caño y Carla Carrizo buscan insistir a nivel parlamentario con la necesidad de instaurar en todo el país la educación pública laica, un tema que volvió a resurgir a la luz del debate por el aborto legal y la falta de instrucción sexual en las escuelas.
"Nosotros planteamos que haya educación laica sin injerencia de las Iglesias en el ámbito educativo para que se pueda llevar adelante entre otras cosas la Educación Sexual Integral (ESI) porque en muchas provincias no se cumple, por ejemplo en Salta", describió a este medio Del Caño.
La educación sexual, una deuda pendiente en la educación públuca de todo el país.
En 2014, tras la derogación de la ley 1.420 de "educación común", luego de la aprobación del nuevo Digesto Jurídico Argentino, no existen leyes nacionales que protejan la educación laica. Esta ley, en su Art. 8, establecía que la educación religiosa en las escuelas públicas era optativa y debía ser ofrecida fuera del horario de clase.
En la actualidad, de las 24 jurisdicciones del país, sólo en nueve se establece que la educación tiene que tener carácter laico -Neuquén, Entre ríos, Chaco, Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Río Negro, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires-. En otras, no se explicita.
"Los casos de Catamarca, Tucumán y Salta son los más graves por que en su legislación provincial se deja explícito la enseñanza pública religiosa", indicó el diputado.
• Las imágenes religiosas también en debate
En los últimos días el debate separación Estado-Iglesia se trasladó a algunos ámbitos universitarios y se manifestó a través de la decisión de ocultar o remover símbolos religiosos. Esto pasó por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde una numerosa asamblea de estudiantes que tomaban la Facultad de Derecho votó de forma unánime la remoción de la Virgen al grito de "Iglesia y Estado, asunto separado".
Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba bajando la imagen de la Virgen.
En el ámbito legislativo, dos bancadas presentaron proyectos que apuntan a remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional.
Una de las iniciativas, que contiene cinco artículos y está encabezada por la radical Karina Banfi, junto a Fernando Iglesias, Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, otorga un plazo de 90 días desde la fecha de su promulgación, tras lo cual queda expresamente "prohibida" cualquier tipo de exhibición de símbolos religiosos.
La réplica de la Virgen de Luján que cuelga en una de los laterales del Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso podría ser la primera víctima de este proyecto.
Otra iniciativa similar fue presentada por la diputada Carla Carrizo. "Nosotros desde Evolución no queremos hacer anticlericalismo, queremos hacer laicismo. Laicismo es la idea de equidad entre cultos. Empezar a construir ese laicismo en democracia es un poco esa agenda pendiente", sostuvo
• La reacción de la Iglesia al movimiento social y la discusión parlamentaria
Sin lugar a dudas, la Iglesia no salió indemne del debate por el aborto legal y pese a haber ganado la batalla en el Senado en 2018, acusó recibo por los cuestionamientos al financiamiento. Tanto es así que planteó al Ejecutivo la necesidad de rever paulatinamente el monto de las asignaciones en un plan que está actualmente en estudio.
Para Nicolás del Caño, "esa reacción tuvo que ver con tratar de amortiguar el impacto del rechazo que generó su militancia por el aborto clandestino, tras negar un derecho elemental de las mujeres. La Iglesia intenta decir negociemos algo para que todo lo demás quede igual".
Carla Carrizo destacó el movimiento de la apostasía y llamó a la Iglesia a adoptar un nuevo rol de cara a la sociedad. "Me parece muy interesante. La religión como algo que se elige y no que se hereda y eso le exige a la Iglesia una mirada de madurez y respeto, de no tratar a los ciudadanos como menores de edad y esto me parece un desafío para ellos. Acá uno no está contra las religiones, las religiones son sensaciones y sentimientos. Pero una cosa es la creencia y otra es la coacción y el dominio".
En este sentido, la legisladora explicó que los diferentes proyectos de ley presentados se encuentran en las comisiones de Presupuesto, Culto, Relaciones Exteriores y Legislación General, pero que aún no comenzaron a ser tratados y que esperan que, acorde con el pedido de la Iglesia de renegociar sus asignaciones, "el Gobierno envíe a la brevedad un proyecto".
Por su parte, Nicolás del Caño, consideró fundamental la audiencia pública que tendrá lugar este jueves en el Congreso de la Nación con organismos de DDHH y diputados de diferentes bloques.
"El objetivo de la audiencia pública con referentes de distintos sectores es iniciar todo el planteo parlamentario alrededor de esta cuestión. Pero yo creo que la fuerza está en las calles, así que del poder de la movilización popular va a depender mucho que se avance en la agenda parlamentaria. El tema ya está planteado para que se pueda terminar con los privilegios de la Iglesia y para que se produzca una separación integral que incluya también a los Estados provinciales", concluyó.
