La semana que transcurre, intensa por la cantidad de acontecimientos políticos y sociales que se agolparon y por las vivencias que los mismos concitan, viene siendo escenario también de un paro total de actividades por parte de los docentes de las universidades nacionales. Una medida de fuerza en defensa de la educación pública y en reclamo de mejoras salariales, que ha sido casi invisible para la mayoría de la ciudadanía. Por el aluvión informativo pero aún más por la indiferencia del Gobierno y por la decisión editorial de las corporaciones mediáticas para quienes la suerte de la universidad pública y de los que allí trabajan es un tema que no tiene ningún tipo de relevancia.
La política general de ajuste establecida por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri apunta a generar un recorte presupuestario que, de manera directa, implica una restricción de las responsabilidades que tiene el Estado como garante de los derechos sociales ciudadanos. La educación --como la salud o bien otros derechos esenciales-- no está exenta de este quite de derechos. No puede extrañar entonces que los maestros y las maestras se vean privados de derechos; tampoco que la falta de recursos para la educación termine con el triste saldo de trabajadores de la educación muertos, como ocurrió en días pasados. La universidad no es una excepción a la regla. Corriendo el velo de su presunta ingenuidad para dejar paso a la cara más real y al mismo tiempo cruel de su perspectiva ideológica, la gobernadora María Eugenia Vidal arremetió hace pocos meses contra las nuevas universidades públicas argumentando, contra toda evidencia, "que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad". Para Vidal, como para Macri, para Nicolás Dujovne, el "embajador" del FMI en la Argentina, y para Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, la educación pública es un "gasto" y no un derecho ciudadano.
Hace un centenar de años, Argentina fue escenario de la Reforma Universitaria que ha sido ejemplo para el mundo. Y 69 años atrás Juan Domingo Perón decidió la gratuidad de la educación superior en el país. Hoy, bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos, el PRO y sus aliados radicales ponen en riesgo esas conquistas sociales y ciudadanas y avanzan en una política discriminatoria que afecta tanto a los pobres que ven en peligro su acceso a la educación pública de calidad, como a las y los trabajadores de la educación superior, los docentes y los investigadores cuya calidad de vida y condiciones de trabajo resultan deterioradas.
Además de insostenible desde el punto de vista conceptual y político, el argumento del ajuste económico es inconsistente a la hora de los números. El sistema público universitario de Argentina insume el 1 por ciento del PBI: baja inversión presupuestaria que, sin embargo, permite uno de los mejores niveles de accesibilidad y permanencia en comparación con otros países de la región latinoamericana. No menos importante es el dato de que las políticas públicas de los años recientes permitieron el ingreso creciente de estudiantes que han sido universitarios en primera generación en sus familias. Porque es evidente que, para que ello ocurra, son necesarias políticas públicas educativas que faciliten y fomenten el acceso y la permanencia, lo opuesto al modelo meritocrático de acceso a los estudios superiores, vinculado únicamente con la idea de responsabilidad y esfuerzo individual.
Todo lo anterior, sin perder de vista y dejar de lado que el carácter público, gratuito, masivo y de calidad de la universidad pública es también un pilar de la construcción democrática en nuestro país. Y que la enseñanza pública y gratuita es condición necesaria para que la educación no se convierta en una "oportunidad" o una "inversión" de quienes puedan costeársela intentando eventuales ventajas competitivas en el mercado laboral o profesional. La educación no es un producto que se compra o se vende. Es un derecho del que gozan las personas por su sola condición ciudadana.
De allí también que el salario de los y las trabajadoras de las educación universitaria, docentes e investigadores, no es apenas un problema de derechos laborales y tampoco una cuestión restringida al ámbito de las universidades. Es un problema ciudadano, que afecta derechos y, por lo tanto, que atañe a la democracia misma. Aunque el Gobierno pretenda reducir todo a una cuestión de recorte presupuestario.
