BUENOS AIRES.- Finalmente, el proyecto de ley de compre argentino y desarrollo de proveedores llega al Congreso, y el oficialismo buscará tratarlo en las sesiones extraordinarias del verano, junto con un paquete de proyectos productivos, para desarrollar nuevos sectores económicos con potencial exportador. Los cambios para las compras que hace el Estado, que representan el 13% del PBI, buscan sustituir importaciones y ahorrar divisas por u$s 500 millones anuales. Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja en un sistema de créditos para motorizar oferta y demanda para la industria nacional.
El proyecto de ley de compre argentino fue presentado públicamente luego de las elecciones primarias, pero después quedó a revisión de la Secretaría de Legal y Técnica, hasta que finalmente esta semana llegará al Congreso. Había sido anunciado por el presidente, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias de marzo pasado, y busca ser más amplio que el compre argentino que se aprobó en 2018, con el gobierno de Cambiemos.
El compre argentino hace referencia a las compras públicas que realiza el Estado o las empresas públicas, que representa el 13% del PBI. Propone aumentar el margen de preferencia sobre la producción nacional pese a que tengan precios más elevados: aumenta hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas, y hasta 20% en las compras a pymes. También existe un margen de preferencia por género: suma 3 puntos adicionales para empresas con mayoría de mujeres u otras identidades en la dirección o entre los trabajadores. La proyección oficial es generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.
En diálogo con Ámbito, Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, explicó a qué se debe esta preferencia en precios, en lo que consideran un “Buy America” versión criolla: “Las compras públicas son una herramienta potente para promover el desarrollo productivo nacional, en muchos países se utilizan regímenes de compre fuerte, como Estados Unidos, Israel o Brasil; se vio en el desarrollo de fármacos, semiconductores o hasta internet. Son desarrollos que no hubieran existido sin un esquema potente de compras públicas y hoy contribuyen a la riqueza de esas economías”.
El Gobierno anterior también había establecido un nuevo régimen de compre argentino en 2018, aunque este nuevo proyecto de ley tiene algunas diferencias, además del aumento en el margen de preferencia en precios de bienes nacionales. Ahora estará alcanzando también al Pami, por lo que tendrá impacto en la industria farmacéutica. Crea un fondo fiduciario administrado por el Estado, para financiar a empresas nacionales con créditos, bonificación de tasas o garantías de acceso. Busca llegar a pymes competitivas que no se presentan a licitaciones públicas por falta de financiamiento, lo cual deriva en la presencia de intermediarios que elevan precios para asumir riesgos.
Sectores con oportunidades
Otro de los cambios que prevé la ley es un capítulo destinado a incentivar compras públicas en bienes y servicios innovadores o considerados estratégicos. Se espera que la inversión en investigación y desarrollo ascienda a $40 mil millones anuales. “Esto busca que el Estado estimule la innovación, mejore la calidad de las compras públicas y asuma los riesgos que existen detrás de desarrollos estratégicos”, explicó Hecker.
El objetivo de fondo es hacer más competitiva la industria nacional, y establecer un desarrollo integrado de proveedores en sectores estratégicos. En este sentido, las oportunidades que observan en el Ministerio de Desarrollo Productivo están en agregar valor en los recursos naturales, por lo que apuntan a desarrollar proveedores en el sector agropecuario, petróleo y gas y minería. Como ejemplo, Hecker menciona el caso de Australia: “El 70% de las minas del mundo usan software australiano. Con políticas de incentivos desarrolló una red de proveedores para la minería, con 1200 empresas, que exportan por u$s 15 mil millones”.
La meta no es financiar el desarrollo de cualquier industria, contó Hecker. “Hay que ir primero a las que tienen oportunidades de pegar un salto productivo, generar valor agregado y también exportar. El criterio es hacer empresas competitivas, sin que el Estado tenga que estar presente después”, explicó el economista. Otras oportunidades para ampliar la industria local las observa en la electromovilidad, energías limpias y el GNL.
Hasta el momento, el programa de desarrollo de proveedores permitió apalancar inversiones por $12 mil millones en 280 proyectos, durante los últimos dos años. Lo que viene es sumar créditos, pero del lado de la demanda. “Hay proveedores locales muy competitivos, como en maquinaria agrícola o equipos de fractura, pero aun así los compradores terminan importando si no encuentran crédito”, explicó Hecker. Los créditos que se anunciarán los dará el Banco Nación.
