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USHUAIA.- Los magistrados del fuero penal de la capital provincial pusieron en marcha las audiencias correspondientes al proceso que se le sigue a tres varones por supuestas estafas y blanqueo de fondos.
Las maniobras bajo examen judicial se vinculan directamente con la gestión, otorgamiento y venta espuria de inmuebles de carácter social que debían ser asignados de manera exclusiva a trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado.
Los imputados que centran el requerimiento judicial son Carlos Córdoba y Miguel Arana, a quienes se les atribuye responsabilidad directa en 22 incidentes delictivos independientes. La pesquisa se focaliza en las irregularidades administrativas y financieras que rodearon la ejecución del plan de 128 soluciones habitacionales edificado en la zona de Barrancas del Río Pipo.
Durante la sesión de apertura, el agente fiscal Daniel Curtale desglosó las evidencias recolectadas que fundamentan la pretensión punitiva del Ministerio Público.
De acuerdo con las constancias recopiladas por los investigadores, los procesados captaban a solicitantes que carecían de las condiciones reglamentarias para acceder a estos planes del Estado.
El mecanismo consistía en requerir a empleados públicos y aportantes sindicales sumas de dinero en efectivo, rodados, valores bancarios y otros patrimonios para garantizarles una vacante en las nóminas oficiales de adjudicatarios.
La pieza acusatoria detalla que el engaño se sustentaba en el aprovechamiento de los cargos de representación que detentaban los sospechosos en la estructura gremial. Esa posición facilitaba la realización de supuestas tratativas ante el Instituto Provincial de Vivienda y diversas agencias del Estado, mediante la elevación de padrones de postulantes que alteraban los listados de los verdaderos destinatarios de la política social.
El tercer involucrado en la causa penal es Eric Moscoso Panozo, cuya situación procesal responde a la presunta comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito. La fiscalía argumenta que este individuo introdujo los dividendos obtenidos a través de las defraudaciones previas en el circuito legal mediante la compra de equipos pesados de ingeniería vial.
Al momento de habilitarse el espacio para las declaraciones de los imputados, Carlos Córdoba hizo uso de su derecho de negarse a declarar ante las autoridades. Por el contrario, Miguel Arana aceptó someterse al interrogatorio de las partes y brindó un testimonio donde responsabilizó de forma directa a Córdoba como el receptor final de los caudales recaudados en el circuito paralelo.
En último término compareció Moscoso Panozo, quien rechazó de manera tajante las imputaciones de la fiscalía y resolvió no contestar las preguntas formuladas por el cuerpo de magistrados.
La conducción del debate oral se encuentra bajo la órbita del doctor Alejandro Pagano Zavalía, acompañado en las vocalías por los doctores Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Al concluir las exposiciones del primer día de debate, el estrado dispuso un cuarto intermedio en las actuaciones hasta la mañana del martes a las 9.30 horas, momento en que se iniciará la recepción de los elementos de convicción. Los imputados cuentan con el patrocinio legal del defensor oficial José María Fernández López junto a los abogados particulares Marisel Banegas y Rodrigo Guidi.
El cronograma del juzgado prevé la comparecencia de aproximadamente veinte personas en calidad de testigos durante las próximas jornadas.
