Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, falló este lunes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un revés para el presidente boliviano, Evo Morales, quien convirtió el diferendo en una prioridad nacional.
"Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia", señala el fallo, leído durante más de una hora por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf.
Tras desmontar uno a uno los argumentos presentados por Bolivia en su demanda presentada en 2013 sobre una eventual obligación jurídica de Chile, la CIJ recomienda a ambos a "continuar su diálogo" en un "espíritu de buena vecindad" para abordar el "enclaustramiento de Bolivia".
Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. Desde Santiago, el presidente chileno, Sebastián Piñera, celebró que el tribunal pusiera "las cosas en su lugar" y denunció que su par boliviano, Evo Morales, creó "falsas expectativas" y "grandes frustraciones a su propio pueblo".
Por su parte, Evo Morales, que se desplazó hasta La Haya para presenciar el fallo -algo poco usual en jefes de Estado-, relativizó el resultado de su demanda y subrayó que, "si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando el diálogo".
"Bolivia nunca va a renunciar", dijo Morales en la escalinata de entrada a la CIJ. A una decena de metros, un pequeño grupo de bolivianos desafiaba el frío otoñal de la ciudad holandesa con música, banderas bolivianas y al grito de "¡La lucha continúa!".
La demanda de Bolivia se basaba de remontaba a la Guerra del Pacífico (1879-1883), que la enfrentó junto a Perú contra Chile, y al Tratado de 1904, que selló la pérdida de 120.000 km2 de territorio, entre ellos sus 400 km de costa.
Pese a la derrota, que supuso el enclaustramiento de Bolivia -el único país de América junto a Paraguay sin costa-, La Paz defendía que Chile se había comprometido a lo largo del último siglo a negociar un acceso marítimo soberano.
Los jueces de este tribunal de la ONU no lo ven así, por lo que rechazaron también dictaminar, como pedía La Paz, que Chile "está obligado a cumplir esta obligación [de negociar] de buena fe, de manera pronta y formal, en un plazo razonable y de manera efectiva".
El agente chileno ante la CIJ, Claudio Grossman, destacó que las "pretensiones" de Bolivia "fueron de una manera muy rigurosa rechazadas". Chile siempre defendió que debe imperar el derecho internacional que regula los tratados como el de 1904, que reconoce a Bolivia el libre uso de puertos chilenos pero sin soberanía.
La sentencia supone un duro revés para Morales, que aspira a postularse a un cuarto mandato.
Para el exministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, el fallo puede ser "demoledor" para sus aspiraciones de reelección, ya que, a su juicio, es "el gran derrotado" interna y externamente.
El tema es altamente sensible en ambos países, que sólo tienen relaciones a nivel consular desde 1978 tras un fallido acercamiento. El domingo, la Iglesia católica, en una declaración conjunta de las conferencias episcopales de Chile y Bolivia, urgió a acatar el fallo con "paz y sensatez, espíritu constructivo y fraterno".
Chilenos y bolivianos enfrentan todavía un segundo proceso en trámite en la CIJ, por el uso de las aguas del Silala. Para Chile, que presentó en 2016 la demanda, es un río internacional, mientras que Bolivia lo considera un manantial que le pertenece.
• El costo económico
Según cálculos de analistas internacionales citados por la BBC, el acceso al Pacífico podría aportarle al PBI boliviano entre 1 y 3%. "Bolivia debe incurrir en sobrecostos logísticos para hacer uso de los puertos chilenos", explica Gary Rodríguez, economista y gerente general de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
En cambio, en Chile rechazan esas estimaciones. "No se sabe cómo hacen ese cálculo de perjuicio económico de un 2% del PBI", asegura Astrid Espaliat, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. "Sacar la mercancía y trasladarla a otro lugar del mundo tiene un determinado costo. Ese costo no cambia, no sé cómo puede variar eso en función de tener soberanía o no tener soberanía", agrega.
Según señala un documento de la Cancillería chilena, Santiago no impone "gravámenes, aranceles o impuestos a la carga boliviana en tránsito desde o hacia Bolivia".
"La carga boliviana goza de los mismos derechos que la carga chilena y con más ventajas, incluyendo el almacenamiento gratis del cual no gozan las mercaderías chilenas ni la de terceros países", agrega el comunicado.
