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USHUAIA.- La formalización de la emergencia económica en la vecina localidad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, (https://www.opisantacruz.com.ar/2025/11/11/grasso-declaro-la-emergencia-administrativa-y-economica-del-municipio-de-rio-gallegos/) desencadenó una discusión impostergable en Tierra del Fuego. A pesar de ser una determinación de carácter municipal, sirvió como un espejo que expuso el método de achique adoptado por los gobiernos que carecen de alineamiento con la administración central.
La ausencia de acuerdos políticos con el Ejecutivo Nacional, combinada con posturas afincadas en la ideología, tiene como resultado final que el costo del saneamiento recaiga directamente sobre el vecino. En el ámbito fueguino, esta realidad es cada vez más palpable y difícil de disimular.
Aunque la gestión provincial se abstuvo de reconocer formalmente la debacle a través de un instrumento legal, los síntomas del desequilibrio financiero resultan inobjetables. Se constata un congelamiento de los sueldos de la nómina estatal si se los mide en términos de poder adquisitivo real, lo cual se traduce en una merma continua de la capacidad de compra.
Múltiples dependencias operan con dotaciones presupuestarias a la mínima expresión, los servicios esenciales se mantienen en pie con grandes dificultades y la red sanitaria exhibe evidentes signos de agotamiento funcional. Los trabajadores del sector público lo experimentan en su día a día, no por especulaciones teóricas, sino al verificar que sus haberes mensuales alcanzan para cubrir un porcentaje cada vez menor de la canasta.
La medida de fuerza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en las puertas de la Casa de Gobierno, que comenzó días atrás, dejó al descubierto sin eufemismos esta coyuntura. Esta manifestación no puede catalogarse como un hecho aislado ni como una protesta meramente simbólica.
Es la consecuencia de meses de deterioro acumulado, de tratativas paritarias que no lograron compensar la aceleración inflacionaria y de una caída progresiva en el funcionamiento del organigrama estatal. La huelga del gremio docente sigue activa y la tensión se expande a lo largo de la totalidad de la administración pública fueguina.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo local difunde un mensaje centrado en la supuesta “modernización institucional” de la administración. No obstante, en el terreno de los hechos, lo que se observa es una reducción del gasto, una marcha lenta de la burocracia y un funcionamiento del Estado reducido a lo estrictamente indispensable.
La disparidad entre lo que se comunica desde el Gobierno y lo que sucede cotidianamente en las oficinas, centros de salud y escuelas es tan notoria que la discusión interna entre los propios funcionarios ya no existe.
En este clima enrarecido, resonó con fuerza en toda la provincia un contundente gesto político. El gobernador Gustavo Melella fue excluido de la cumbre de mandatarios convocada por el presidente Javier Milei. Esta decisión no constituyó una simple omisión de protocolo.
El jefe de Estado justificó su accionar con una frase sin matices: “Hay gobernadores que no entienden que 2 más 2 es 4”. La crítica se enfocó en aquellos líderes provinciales que se identifican con la expresidenta Cristina Kirchner, quienes aún priorizan los debates doctrinarios mientras la situación financiera requiere habilidad política, consenso y acuerdos concretos. Melella fue señalado en este grupo.
Esta aseveración presidencial fue asimilada con rapidez en Tierra del Fuego, particularmente entre los trabajadores estatales. La lectura es terminante. El posicionamiento ideológico no tiene la capacidad de llenar el carro del supermercado. Las declaraciones altisonantes no alcanzan para liquidar sueldos, garantizar las prestaciones o encontrar soluciones tangibles para los habitantes.
El actual desajuste que padece la provincia no se explica por directrices impuestas desde la Nación, sino por una conducción local que no dimensiona la realidad del territorio y se aferra a una narrativa que la coyuntura económica ya no respalda.
El partido gobernante cuenta con una base sólida en la Legislatura, con ocho representantes que aprueban todas las iniciativas que se impulsan. Sin embargo, esta solidez en el ámbito político interno no alcanza para contener el deterioro de la economía.
Los empleados públicos lo sufren en sus haberes, los vecinos lo advierten en la deficiencia de los servicios y las propias dependencias admiten que están operando con recursos mínimos. A diferencia de la provincia de Santa Cruz, que sinceró el estado de sus arcas con un decreto de emergencia, Tierra del Fuego opta por seguir en la misma inercia descendente sin reconocer la problemática.
El interrogante que atraviesa la provincia es directo y no da lugar a especulaciones. ¿Hasta qué punto es viable sostener un salario planchado y un Estado que reduce sus funciones, si la administración insiste con una postura ideológica que no resuelve los problemas cotidianos? La frase que pronunció el Presidente no es técnica ni intrincada, pero colisiona de frente con el día a día fueguino. Cuando un gobernador no logra comprender la aritmética básica, el costo lo termina pagando la gente.
