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COMODORO RIVADAVIA.- Con epicentro en Chubut, la pulseada judicial en torno a la barrera zoosanitaria que resguarda la región austral sumó un nuevo e inesperado giro. La jueza federal Eva Parcio determinó no hacer lugar a la solicitud presentada por la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, que pretendía reactivar de manera inmediata la restricción histórica que pesa sobre el ingreso de carne con hueso desde el sector norte del río Colorado.
La fundamentación esgrimida por la magistrada fue precisa ya que consideró que otorgar la medida cautelar solicitada por los ruralistas implicaría expedirse sobre la cuestión de fondo de manera anticipada. Además, desestimó el planteo central del sector al dictaminar que no se configura, por el momento, un peligro de daño irreparable o inminente que justifique la reinstalación de la valla sanitaria.
Esta resolución marca un fuerte contraste con la postura adoptada un mes antes. En Río Grande, Tierra del Fuego, la jueza federal Mariel Borruto había concedido un amparo similar a la Asociación Rural fueguina, que logró la suspensión por 30 días de la Resolución 460/2025 del Senasa. Sin embargo, dicha suspensión inicial expira este fin de semana, dejando a la disputa judicial en un escenario de incertidumbre total.
Los argumentos de la ruralidad y el contexto del permiso nacional
La contienda en Tribunales se inició tras la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar las normas de ingreso, oficializada en el Boletín Oficial el 18 de marzo. Esta barrera estuvo operativa durante 23 años con el propósito de proteger el estatus diferencial de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La Federación Rural chubutense, liderada por Osvaldo Luján, activó el recurso de amparo señalando que la acción del Senasa incrementa el riesgo epidemiológico y amenaza la condición sanitaria internacional que la región obtuvo con esfuerzo y grandes inversiones conjuntas (públicas y privadas). Según el sector, permitir el ingreso de carne procedente de zonas con vacunación debilita un activo estratégico para la economía patagónica.
Asimismo, la entidad rural denunció que la normativa se promulgó sin la debida articulación con las provincias, el sector productivo regional o con organismos especializados como la Fundación Argentina para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (Fucofa). Como señal de la gravedad, el escrito judicial también subrayó que Chile revocó el reconocimiento del estatus de la Patagonia, añadiendo una complicación en el plano internacional.
La clave del conflicto reside en que la potencial pérdida del estatus otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) conllevaría consecuencias económicas y ambientales de gran magnitud, impactando no solo en la ganadería sino también en la fauna silvestre protegida. Pese a los riesgos, la jueza Parcio priorizó la prudencia procesal y se negó a dictaminar una solución definitiva en esta etapa preliminar.
