El Gobierno recorta a los discapacitados mientras el gasto político sigue intacto

USHUAIA.- El ajuste en la provincia austral tiene un objetivo claro y doloroso y está relacionado directamente con los beneficiarios de la pensión RUPE (Régimen Único de Pensiones Especiales).

El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia ha implementado una nueva metodología que obliga a los titulares a someterse a reevaluaciones médicas con resultados sospechosos. En la práctica, personas que contaban con un porcentaje de incapacidad del 65% o superior, de un día para otro ven reducida su calificación, un hecho que les significa la inminente pérdida de su único ingreso.

Esta situación plantea un interrogante que las familias no dudan en señalar que hay dos cuestiones, o las evaluaciones anteriores eran incorrectas, o la provincia está asistiendo a un inexplicable “milagro” de curación masiva. Con un ingreso que apenas alcanza para cubrir gastos básicos, tratamientos médicos y alimentos, la amenaza de perder esta ayuda económica pone a los beneficiarios en una situación de extrema vulnerabilidad.

La paradoja se hace aún más evidente al observar las acciones del mismo gobierno en otros frentes. Mientras se recorta sobre los más frágiles, el Estado provincial sigue sumando a su estructura a familiares, amigos y militantes, muchos de ellos sin funciones claras ni responsabilidades efectivas. Así, la retórica del “achique” se desmorona, dejando al descubierto una doble vara que prioriza la comodidad de los funcionarios por encima de la subsistencia de los más necesitados.

La indignación ha movilizado a las familias, que se organizan y protestan en las calles, alzando una voz común: “El ajuste se hace con los discapacitados, no con los funcionarios”. El mensaje es directo y confronta la narrativa oficial, señalando que la crisis económica no está siendo solventada por quienes tienen el poder político, sino por quienes dependen de la asistencia estatal para sobrevivir.

En un contexto social crítico, la decisión del gobierno provincial envía una señal demoledora, abandonando a los más vulnerables en un momento de necesidad, mientras protege y expande una estructura política que parece intocable para cualquier tipo de recorte.