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USHUAIA.- En la zona rural de la isla, el suministro de gas dista de ser un beneficio de lujo o un simple confort. En esas latitudes representa el factor indispensable para garantizar la permanencia de la población y la continuidad de las tareas productivas frente al riesgo de exclusión total.
El secretario de UATRE Tierra del Fuego, Leonardo Aguilar, reintrodujo en la agenda pública un escenario que habitualmente queda marginado de las discusiones políticas centrales. El problema afecta de forma directa a los núcleos familiares, peones y pequeños emprendedores radicados en estancias del interior donde no hay conexiones de gas natural y las marcas térmicas invernales suelen perforar la barrera de los 20 grados bajo cero.
Esta problemática cobró relevancia pública por intermedio de un artículo difundido en el sitio web elfueguino.com.ar. En dicha publicación se detalló la subordinación absoluta que exhiben las locaciones rurales de la provincia respecto al Gas Licuado de Petróleo con el fin de viabilizar la subsistencia diaria y las labores del campo.
A gran distancia de los centros urbanos, en los establecimientos agropecuarios diseminados por la geografía provincial, el GLP no califica como un recurso secundario. Su utilización está destinada a templar los hogares, mantener operativos los galpones de acopio, impedir la congelación de las tuberías, resguardar las maquinarias de labor y apuntalar las diversas tareas que dinamizan la producción ganadera.
En un número importante de estancias, los sistemas de calefacción demandan un funcionamiento continuo durante casi toda la jornada a lo largo de varios meses. Las complicaciones logísticas derivadas del aislamiento territorial, la caída de nieve, el deterioro de las rutas y el rigor del clima transforman el abastecimiento de energía en una prioridad de primer orden, ligada a la posibilidad real de habitar los puestos de trabajo.
El debate actual pone de manifiesto una inconsistencia estructural en la planificación energética de la provincia. Mientras determinados sectores políticos minimizan las ventajas diferenciadas de la región o ponen en duda los aportes estatales para el gas, la administración fueguina convalidó normativamente que las explotaciones del interior no logran autofinanciarse sin apoyo oficial.
Dicha aceptación estatal se instrumenta a través de los planes de subsidio orientados al consumo de Gas Licuado de Petróleo en los predios de perfil productivo. Mediante este mecanismo, el gobierno fueguino expone que un porcentaje considerable del territorio mediterráneo sufre todavía la ausencia de servicios esenciales que en los municipios urbanos se consideran garantizados, tales como la conexión formal al tendido de gas natural.
Bajo estas premisas, los representantes del ámbito agrario sostienen que las discusiones en torno a los subsidios de las tarifas no deben evaluarse bajo ópticas diseñadas para las provincias del norte o del centro del país. En el territorio de Tierra del Fuego, y de modo más acentuado en su geografía interior, el hidrocarburo supera la cuestión meramente financiera para constituir un factor de arraigo, empleo y subsistencia.
La vulnerabilidad del escenario actual repercute con mayor fuerza en los minifundistas, los asalariados rurales y los grupos familiares que sostienen la actividad pecuaria lejos de las comunas. En esas zonas, donde las heladas son rigurosas y la inversión en servicios básicos mantiene un atraso histórico, recortar los beneficios fiscales sin ofrecer opciones viables no corrige las distorsiones del esquema general sino que perjudica al eslabón productivo que opera bajo el entorno más hostil.
