Malvinas: el carguero chileno que pone a prueba la estrategia de Milei para frenar Sea Lion y sostener el reclamo de soberanía

El carguero Danstar tiene previsto reanudar en noviembre la conexión entre Punta Arenas y Puerto Argentino, suspendida desde 2011. La ruta acortaría los tiempos y costos de abastecimiento, mientras el gobierno de Javier Milei busca impedir que el país transandino contribuya a la explotación de Sea Lion. El analista internacional Tomás Mugica advierte, ante la consulta para este informe de ADNSUR, que la disputa no se resolverá solamente en los tribunales: la Argentina necesita conseguir compromisos concretos de Chile y Uruguay.
La controversia por un carguero chileno que se prepara para viajar desde Punta Arenas hasta las islas Malvinas expone una dificultad que la diplomacia argentina arrastra desde hace años. Es que el respaldo de los países vecinos al reclamo de soberanía no siempre se traduce —más allá de las declamaciones— en límites efectivos a las conexiones comerciales que sostienen la vida económica del archipiélago.

El buque Danstar, de la compañía Easter Island Naviera, tiene previsto realizar su primer viaje en noviembre. La operación reactivará una ruta marítima directa entre la ciudad austral chilena y Puerto Argentino que dejó de funcionar en 2011. El acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC, por sus siglas en inglés) apunta a establecer un servicio de carga regular y abrir un nuevo mercado para proveedores de la región de Magallanes.

El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, agrega una dimensión económica al conflicto. La Argentina intenta frenar su desarrollo, mientras las estimaciones empresariales contemplan una producción que, de concretarse, tendría una escala suficiente para dar autonomía económica al gobierno de las islas.

Tomás Mugica, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina (UCA), plantea que el episodio debe analizarse más allá del viaje del Danstar. En una entrevista con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, sostuvo que la controversia vuelve a mostrar una contradicción regional que la Argentina no consiguió resolver y que requiere, antes que una escalada, una estrategia política sostenida.

Una ruta más corta que vuelve a conectar Punta Arenas con Malvinas

El principal atractivo comercial de la iniciativa es geográfico. Los reportes difundidos en Chile describen una conexión de unos 900 kilómetros entre Punta Arenas y las islas, frente a una distancia aproximada de 2.000 kilómetros desde Montevideo, uno de los principales puntos de abastecimiento marítimo del archipiélago.

La diferencia permitiría reducir los tiempos de navegación y ofrecer costos de transporte más competitivos. Para los empresarios de Magallanes, la posibilidad de vender alimentos, materiales, repuestos e insumos a los habitantes de las islas abre una oportunidad para ampliar el mercado de las pequeñas y medianas empresas regionales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio comercial podría superar los 20 millones de dólares anuales, según declaraciones citadas en un informe del sitio Bocadepozo.com.ar. La iniciativa se apoya en un acuerdo entre Easter Island Naviera y la FIDC, organismo que promueve el desarrollo económico de las islas y que participó en la vinculación entre potenciales compradores y proveedores.

El Danstar es un carguero de bandera chilena con capacidad para transportar alrededor de 1.400 toneladas. El primer viaje está previsto para fines de noviembre o principios de diciembre, aunque la fecha efectiva dependerá de la organización operativa del servicio.

Aunque la información que ha trascendido no incluye insumos directos para el proyecto Sea Lion, sino que abarcaría alimentos y maquinarias agrícolas, entre otros, las alertas se despertaron porque a futuro podría resultar aprovechable para la logística que demandará el proyecto de explotación petrolera. Por su parte, los promotores chilenos reconocen que el acuerdo comercial fue concebido entre empresas y proveedores civiles, antes de la aceleración reciente del proyecto offshore.

Mugica: “Respaldan el reclamo argentino, pero al mismo tiempo proveen servicios logísticos a la ocupación británica”

Para Tomás Mugica, el viaje del Danstar es un episodio de un problema más extendido. El analista identifica una tensión entre el respaldo formal que Chile y Uruguay han expresado al reclamo argentino de soberanía y la continuidad de actividades comerciales y logísticas que contribuyen a mantener conectadas a las islas con el continente.

“Respaldan el reclamo argentino, dicen que las Malvinas son argentinas, pero al mismo tiempo, ya sea por acción o por omisión, proveen apoyo logístico o permiten que se provea apoyo logístico a la ocupación británica en Malvinas desde sus puertos”, señaló el experto de la UCA.

Mugica incluyó en su análisis las conexiones desde Punta Arenas y Montevideo, desde donde operan servicios que abastecen a las islas y a embarcaciones que las frecuentan. En su interpretación, esa continuidad configura una ambigüedad que los sucesivos gobiernos argentinos no consiguieron acotar

La observación desplaza el foco desde el barco hacia la política regional y lleva a preguntar cuáles son las condiciones que están dispuestos a establecer los países vecinos respecto de las actividades que se desarrollan en el archipiélago.

El analista consideró que el avance de Sea Lion le otorga una dimensión nueva a un problema histórico. Si la explotación petrolera se concreta, las necesidades de abastecimiento, transporte y servicios podrían crecer y volver más relevante la participación de proveedores y operadores regionales.

La Argentina, mientras tanto, intenta obtener compromisos que distingan el comercio general de la asistencia a la industria hidrocarburífera. Esa diferencia también aparece en las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que el objetivo de las conversaciones con Chile es evitar la colaboración logística con la explotación de recursos naturales en Malvinas.
Habrá que ver cuál es la eficacia de esa declaración política, con los compromisos concretos que adquieran los gobiernos de la región que dicen apoyar al reclamo de Argentina.

Las versiones que circularon sobre un posible incidente y por qué no sería esperable

La controversia despertó versiones, sobre todo en medios chilenos, sobre un posible incidente si la Argentina intentara detener o fiscalizar al carguero una vez que abandonara el estrecho de Magallanes. En Chile, algunos parlamentarios y analistas advirtieron sobre el riesgo de una intervención argentina, según informó ‘Bocadepozo’, mientras que el gobierno de Milei buscó bajar la temperatura diplomática.

El canciller Pablo Quirno descartó que la Argentina tenga intención de “atacar” o impedir el paso del Danstar por aguas argentinas —adonde ingresará luego de atravesar el Estrecho de Magallanes, bajo su administración— y destacó la importancia de preservar la relación con el gobierno de José Antonio Kast. Las autoridades chilenas, por su parte, defendieron la iniciativa comercial y recordaron que el tránsito marítimo está sujeto a los tratados bilaterales y al derecho internacional.

Mugica consideró improbable que el viaje derive en un incidente naval. “Tanto la Argentina como Chile apuestan a mantener una relación cordial, pacífica”, explicó. A su juicio, cualquier episodio que implique coerción o uso de la fuerza tendría un costo elevado para el vínculo bilateral.

El analista agregó que una respuesta coercitiva tampoco sería conveniente para el reclamo argentino en términos generales. “Argentina no tiene que usar la coerción, no tiene que usar la fuerza en este reclamo, sino que tiene que seguirlo por vía diplomática”, sostuvo.

Su planteo no supone que la Argentina deba renunciar a sus instrumentos legales o a las medidas que pueda adoptar dentro de sus competencias. Apunta a que el objetivo estratégico —limitar el apoyo a la explotación de recursos en las islas— requiere acuerdos con los países que pueden facilitar o restringir esas actividades.

Mugica enfatizó que el Gobierno apuesta por mantener el conflicto en el nivel del diálogo político, también por el vínculo ideológico entre Milei y Kast y por la importancia que Washington asigna a la estabilidad regional. “Lo último que quieren los americanos es que empiece a haber disputas o tensiones renovadas, por ejemplo, entre Argentina y Chile”, afirmó.

El Tratado de Amistad de 1984 abre un paso que no puede cerrarse

El debate también incluye dos interpretaciones sobre el derecho de navegación. Chile invoca la libertad de tránsito marítimo y los compromisos bilaterales, entre ellos el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La Argentina, por su parte, cuenta con normas que regulan la navegación entre el territorio continental y las islas Malvinas y sostiene que no debe facilitarse la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contempla el derecho de paso inocente por el mar territorial, sujeto a condiciones y límites. Ese marco normativo es claro, pero abriría una discusión respecto de si una determinada conducta excede el tránsito permitido y qué consecuencias jurídicas podrían derivarse de ella.

Mugica reconoció que existen argumentos de ambas partes, pero advirtió que llevar el conflicto exclusivamente al terreno jurídico puede ofrecer resultados inciertos. “Lo que necesita el gobierno argentino es generar incentivos para que ni los chilenos ni los uruguayos sigan prestando apoyo logístico a la ocupación británica en Malvinas”, planteó.

Su propuesta es avanzar hacia un pacto con los países vecinos: una forma de convivencia política que permita reducir las contradicciones entre el respaldo diplomático a la soberanía argentina y las actividades comerciales que sostienen la conexión con las islas. Para eso, será necesario distinguir las operaciones generales de abastecimiento de aquellas que tienen una relación demostrable con la industria petrolera.

Controversia sobre el ‘Paso Inocente’

La controversia también tiene una dimensión jurídica. Mientras Chile invoca la libertad de navegación y los acuerdos bilaterales, desde la Argentina se sostiene que el tránsito no puede utilizarse para facilitar actividades vinculadas con la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa. El abogado César Lerena plantea que ese argumento merece una discusión específica, que excede el viaje del Danstar.

Para Mugica, sin embargo, el problema de fondo es político. La Argentina necesita traducir el respaldo formal de sus vecinos al reclamo de soberanía en compromisos concretos que limiten el apoyo logístico a la explotación de hidrocarburos. La dificultad consiste en conseguirlo sin deteriorar los vínculos con Chile y Uruguay ni convertir una controversia comercial en un conflicto bilateral.

El viaje previsto para noviembre pondrá ese equilibrio a prueba, aunque no necesariamente derive en un incidente. La cuestión de fondo seguirá abierta: cómo conseguir que el apoyo regional a la soberanía argentina tenga consecuencias prácticas frente al avance petrolero en las islas.
Fuente: adnsur.com.ar