Osef no paga sus deudas pero pide incorporar más personal a su planta permanente

Mientras exige el pago de una deuda millonaria al Ejecutivo y mantiene dificultades para cumplir con prestadores, la obra social solicita el traslado de agentes de distintas áreas del Estado y autoriza un concurso para cubrir 27 cargos permanentes. Dos de los casos emblemáticos que generan dudas son los de Violeta Gladys Santander y Olga Cecilia Rojo, cuyos pedidos de incorporación no detallan qué funciones específicas cumplirían.

15/11/2026

RÍO GRANDE.- La situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) expone una serie de decisiones que abren interrogantes sobre las prioridades de su conducción y su relación con el Gobierno provincial. Mientras reclama al Ejecutivo el pago de miles de millones de pesos en concepto de aportes y contribuciones, la entidad enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones frente a prestadores privados y, al mismo tiempo, impulsa movimientos de personal y un concurso para cubrir 27 cargos permanentes.

La situación quedó reflejada en distintas actuaciones administrativas producidas durante los últimos meses y, especialmente, en una nota enviada por el presidente de OSEF, Gustavo García, al gobernador Gustavo Melella el 6 de noviembre de 2026.

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Total Energies

En esa presentación, identificada como NP-265-2026, la obra social intimó al Gobierno provincial a cancelar una deuda correspondiente a los aportes y contribuciones de julio, agosto y septiembre. El monto reclamado, con intereses incluidos y calculado al 6 de noviembre, asciende a $14.734.448.976,49. La nota estableció un plazo de 72 horas para acreditar el pago y advirtió sobre el inicio de acciones legales en caso de incumplimiento.

El reclamo se produce en un contexto en el que también quedaron expuestas las dificultades de OSEF para sostener sus prestaciones. Uno de los casos más visibles es el de la Clínica San Jorge, cuyo director, Sergio Sánchez Póleman, informó que la institución estaba percibiendo aproximadamente el 70 por ciento de lo facturado a la obra social. La situación derivó en problemas para afrontar honorarios médicos y en la reprogramación de prácticas y cirugías.

No se trata de una cuestión menor. La deuda que el Gobierno mantiene con OSEF y las obligaciones que la obra social tiene con sus prestadores forman parte de una misma discusión sobre los recursos disponibles y la capacidad de la institución para sostener la atención de sus afiliados.

Pedidos de traslado sin funciones detalladas

En paralelo con ese escenario, la presidencia de OSEF inició distintas gestiones para incorporar agentes que actualmente se desempeñan en otras dependencias del Estado provincial.

Las notas llevan la firma de Gustavo García y tienen un elemento en común. En ellas se solicita el traslado definitivo de los trabajadores y se señala que existe respaldo presupuestario para avanzar con el procedimiento, pero no se explican las tareas concretas que esas personas desarrollarían dentro de la obra social ni el área que requiere su incorporación.

Uno de los casos es el de Olga Cecilia Rojo. Mediante la nota NP-244-2026, fechada el 15 de octubre, García solicitó al ministro de Economía, Alejandro Barrozo, su traslado desde esa cartera hacia OSEF. Rojo se desempeña actualmente como vice directora del Laboratorio del Fin del Mundo, pero la presentación no detalla qué función cumpliría en la obra social, qué necesidad operativa justificaría su incorporación ni cuál sería el destino específico dentro de la estructura.

Otro caso es el de Violeta Gladys Santander, dirigente de ATE. Una comunicación de la Dirección de Recursos Humanos de OSEF, fechada el 10 de noviembre, informa que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia había prestado conformidad para su traslado. Recursos Humanos solicitó conocer su categoría actual para avanzar con el encuadre presupuestario, reservar una vacante y preparar el acto administrativo correspondiente.

Tampoco en esa documentación se especifican las tareas que Santander pasaría a desarrollar en OSEF ni el sector en el que prestaría funciones. El trámite, por lo tanto, muestra que el procedimiento de transferencia estaba en marcha, aunque no acredita que el traslado se hubiera concretado.

A esos pedidos se suman otras gestiones impulsadas por la presidencia de la obra social. En mayo se solicitó el traslado de la médica María Valentina Esteban desde Fiscalización Sanitaria Zona Norte. En noviembre también se pidió incorporar al abogado Sebastián Eduardo Rodríguez, quien prestaba servicios en Buenos Aires dentro de la Secretaría de Desarrollo e Inversiones, y a Gerardo Martín Romero, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Vial.

En las presentaciones correspondientes a estos casos también se menciona la existencia de respaldo presupuestario, sin desarrollar en detalle las funciones que cada agente tendría asignadas en OSEF.

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Un concurso para cubrir 27 cargos

A los pedidos de traslado se suma la Resolución RP-1006-2026, firmada por García el 12 de noviembre, mediante la cual se autorizó un concurso para cubrir 27 cargos permanentes dentro de la estructura de la obra social.

La convocatoria contempla nueve puestos profesionales y 18 administrativos. Entre los primeros se incluyen cinco médicos, dos abogados y dos farmacéuticos. Los cargos administrativos se distribuyen entre Ushuaia, Río Grande y Buenos Aires.

La documentación administrativa sostiene que se trata de vacantes existentes dentro de la estructura autorizada y que cuentan con crédito presupuestario disponible. También aclara que la autorización del concurso no implica por sí misma la designación automática de los postulantes, ya que cada incorporación deberá cumplir con las condiciones administrativas, presupuestarias y legales correspondientes.

El expediente fundamenta la convocatoria en necesidades operativas, insuficiencia de personal profesional y requerimientos de distintas áreas. Sin embargo, la decisión se conoce en medio de una discusión más amplia sobre la cantidad de trabajadores que integran las estructuras estatales y las restricciones para ampliar las plantas de personal.

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Las prioridades bajo discusión

La sucesión de actuaciones deja planteado un interrogante sobre los criterios que está utilizando la conducción de OSEF para definir sus necesidades de personal.

Por un lado, la institución reclama al Gobierno el pago de una deuda que supera los $14.700 millones y enfrenta dificultades para sostener los pagos a prestadores. Por otro, solicita el traslado de trabajadores desde distintas áreas del Estado y autoriza un concurso para cubrir 27 cargos permanentes.

En los casos de Santander y Rojo, además, las notas administrativas no describen una función específica que permita conocer qué necesidad concreta de la obra social se busca cubrir con sus incorporaciones. La mención de disponibilidad presupuestaria responde a un aspecto administrativo, pero no explica por sí sola la necesidad funcional de esos movimientos.

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La situación también compromete al Gobierno provincial. Es el propio Ejecutivo el que mantiene una deuda reclamada formalmente por OSEF y, al mismo tiempo, interviene en los procedimientos para autorizar los traslados de personal hacia la obra social.

La documentación no permite afirmar por sí sola que exista un acuerdo destinado a concretar una maniobra determinada. Sí permite reconstruir una serie de decisiones administrativas que involucran a las autoridades de OSEF y a distintas áreas del Gobierno, en un momento en que la entidad reclama recursos para sostener su funcionamiento.

La pregunta de fondo es qué prioridades se están estableciendo para una obra social que reclama fondos, tiene dificultades con sus prestadores y, paralelamente, avanza con nuevas incorporaciones y movimientos de personal sin que en algunos de los casos analizados se haya explicitado qué tareas deberán cumplir los agentes trasladados.