Piden juicio político al gobernador Gustavo Melella
El periodista Carlos Roberto Muzón presentó una denuncia formal ante la Legislatura provincial por presunto mal desempeño del mandatario, a raíz de las demoras en las transferencias de coparticipación a Río Grande. Como antecedente, invocó la destitución de Jorge Colazo en 2005 y los reclamos que el propio Melella había realizado cuando era intendente.
RÍO GRANDE.- Este miércoles 11 de noviembre, el periodista Carlos Roberto Muzón presentó formalmente ante la Legislatura de Tierra del Fuego una denuncia solicitando que se promueva un juicio político contra el gobernador Gustavo Melella por presunto mal desempeño del cargo y violación de las obligaciones constitucionales vinculadas con la remisión de fondos coparticipables al Municipio de Río Grande.
La presentación cuenta con sello de recepción de la Legislatura y está fundamentada en los artículos 114, inciso 3, 115 y 135, inciso 10, de la Constitución provincial. El denunciante sostiene que las demoras en las transferencias de recursos municipales podrían configurar una falta grave y solicita que se investigue la conducta del mandatario.
Para fundamentar su planteo, incorporó documentación sobre el proceso que terminó con la destitución del exgobernador Jorge Colazo en diciembre de 2005, además de antecedentes de reclamos que el propio Melella había realizado a la Provincia durante su gestión como intendente de Río Grande.
La deuda que fundamenta la denuncia
Uno de los puntos centrales del escrito es la deuda que el Municipio de Río Grande reclamó formalmente al Gobierno provincial el 30 de octubre de 2026.
Muzón toma como referencia los 17.294 millones de pesos informados por la administración municipal, correspondientes a conceptos de coparticipación, regalías y Bono de Compensación. También sostiene que las transferencias acumulaban demoras superiores a los 45 días.
La presentación menciona que la liquidación definitiva de coparticipación correspondiente a julio de 2026 fue notificada al Municipio y que los recursos fueron remitidos recién el 19 de octubre.
El denunciante también solicita certificaciones de deuda ante los organismos de control. Entre ellas, requiere al Tribunal de Cuentas provincial que certifique una deuda de aproximadamente 11.000 millones de pesos al 31 de diciembre de 2025. Al Tribunal de Cuentas municipal le solicita documentación sobre una cifra de 16.000 millones de pesos, correspondiente a un período anterior a la intimación del 30 de octubre.
Estos últimos montos son objeto de pedidos de certificación y no deben confundirse con la deuda de 17.294 millones informada por el Municipio en su reclamo de octubre.
La reunión con Economía y la falta de un cronograma
Otro de los argumentos expuestos está relacionado con la reunión del 3 de noviembre en Ushuaia entre el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, la secretaria de Finanzas municipal, Valeria Caparotto, y representantes de los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Según la denuncia, durante ese encuentro el Ejecutivo provincial no presentó un cronograma de cancelación ni precisó fechas para regularizar los fondos pendientes.
El escrito reproduce una manifestación atribuida a la funcionaria municipal al finalizar la reunión, en la que señaló que no habían obtenido una propuesta de cancelación de la deuda.
Para Muzón, la ausencia de un plan de pago constituye otro elemento que debe ser considerado al analizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Provincia.
El antecedente de Jorge Colazo
Uno de los principales argumentos históricos de la presentación es el juicio político que terminó con la destitución del entonces gobernador Jorge Colazo, el 2 de diciembre de 2005.
Muzón incorporó como Anexo A un resumen del Diario de Sesiones de la Legislatura correspondiente a la Reunión Nº 7, Sesión Especial del XXII Período Legislativo.
La causa estuvo vinculada con la remisión de fondos de coparticipación federal a la Municipalidad de Río Grande. El denunciante original de aquel procedimiento había sido Alejandro Rafael de la Riva.
De acuerdo con la documentación acompañada, la Sala Juzgadora consideró que Colazo había incurrido en mal desempeño por incumplir la obligación de remesar en tiempo y forma los recursos correspondientes al Municipio.
La votación registró siete votos por la culpabilidad y uno en contra. Como consecuencia, se dispuso la destitución del gobernador y su inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.
Muzón utiliza ese antecedente para sostener que el incumplimiento de las obligaciones de transferencia de fondos municipales ya fue considerado por la Legislatura como una conducta susceptible de generar responsabilidad política.
Sin embargo, el antecedente no determina automáticamente la responsabilidad del actual gobernador. La eventual comparación entre ambos casos requiere analizar las circunstancias y las pruebas correspondientes.
Cuando Melella reclamaba por la coparticipación
La denuncia también incorpora antecedentes de la gestión de Gustavo Melella como intendente de Río Grande, cuando reclamaba a la Provincia por las demoras en el envío de fondos coparticipables.
En el Anexo B se incluye una carta documento de agosto de 2013 dirigida a la Tesorería General de la Provincia, mediante la cual el entonces intendente exigía el depósito de recursos atrasados y advertía que podría avanzar con acciones judiciales.
También se menciona un reclamo de septiembre de 2019, cuando Melella ya había sido electo gobernador. En aquella oportunidad, cuestionó a la administración de Rosana Bertone por una deuda provincial con Río Grande que, según el documento, superaba los 285 millones de pesos. El reclamo exigía regularizar las transferencias o establecer un cronograma de pagos.
Otro de los puntos recuperados es el reclamo que Melella había realizado por la implementación del denominado «goteo diario» de coparticipación, un mecanismo de transferencia automática de los fondos correspondientes a los municipios.
La presentación sostiene que ese sistema había sido aprobado por la Legislatura provincial, pero vetado por el propio Melella cuando asumió la Gobernación. Para respaldar esa afirmación, Muzón cita declaraciones públicas del legislador provincial Matías Lapadula.
El denunciante utiliza estos antecedentes para sostener que el actual mandatario conocía la obligación de remitir los recursos en tiempo y forma. Para fundamentar esa interpretación, invoca el principio jurídico de los actos propios.
Los pedidos de documentación a los organismos de control
Además de la denuncia ante la Legislatura, Muzón presentó solicitudes de acceso a la información pública ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el Tribunal de Cuentas Municipal y la Secretaría de Finanzas de Río Grande.
Entre la documentación requerida figuran certificaciones de deuda, informes y dictámenes de los organismos de control, planillas de cálculo discriminadas por concepto y eventuales actualizaciones de los montos.
También solicitó copia de la intimación cursada al Gobierno provincial el 30 de octubre, del acta de la reunión del 3 de noviembre y del decreto de liquidación definitiva de coparticipación correspondiente a julio de 2026.
Los pedidos fueron presentados bajo las disposiciones de la Ley Provincial 653 de acceso a la información pública. El denunciante anticipa que la documentación que obtenga será ofrecida como prueba en el procedimiento solicitado.
Qué solicita a la Legislatura
En el apartado final de la presentación, Muzón pide que se tenga por promovida la denuncia de juicio político y que se conforme la Comisión Investigadora prevista en el artículo 117 de la Constitución provincial, para dar intervención a la Sala Acusadora.
Además, solicita que, si se determina la culpabilidad del gobernador, se disponga su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, conforme al artículo 122.
El ingreso de la presentación no significa que la Legislatura haya iniciado formalmente un juicio político ni que exista una acusación institucional contra Melella. Para que el procedimiento avance deberán cumplirse las etapas constitucionales y las decisiones que corresponden a los órganos legislativos.
De esta manera, la disputa por los fondos de coparticipación entre el Gobierno provincial y el Municipio de Río Grande suma un planteo de responsabilidad política que ahora deberá ser evaluado por la Legislatura.
