Presentaron un proyecto para prohibir el tránsito de buques que abastezcan a Malvinas
La iniciativa propone impedir la navegación por aguas jurisdiccionales argentinas de embarcaciones vinculadas con la logística, la defensa, la pesca, los hidrocarburos y la infraestructura del archipiélago. También contempla facultades de intercepción para la Prefectura Naval y la Armada y la creación de un registro de buques infractores.
BUENOS AIRES.- La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó el 30 de octubre un proyecto de ley que busca prohibir el tránsito por aguas jurisdiccionales argentinas de buques que transporten cargas o personas destinadas a actividades logísticas, militares, pesqueras, hidrocarburíferas y de infraestructura en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
La propuesta establece que estas operaciones no pueden ser consideradas como ejercicio del denominado «paso inocente», previsto en el derecho internacional del mar, y plantea facultades de intervención para la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina.
La presentación se produjo en medio de la controversia por el mercante chileno Danstar, que tiene previsto trasladar pertrechos y víveres hacia las Islas Malvinas desde Punta Arenas. El caso generó cuestionamientos en Argentina por la logística de abastecimiento del archipiélago bajo administración británica.
A través de sus redes sociales, Propato fundamentó la iniciativa en la necesidad de adoptar medidas concretas frente al abastecimiento de las actividades desarrolladas en las islas. En ese sentido, sostuvo que el proyecto busca prohibir el tránsito de buques vinculados con esas operaciones, crear un registro de embarcaciones infractoras y establecer sanciones.
Las medidas contempladas en el proyecto
El articulado establece, en primer término, que los buques o artefactos navales de cualquier bandera que se dirijan o provengan de los territorios mencionados, transportando cargas o personas vinculadas con las actividades alcanzadas, no podrán invocar el principio de paso inocente.
En materia operativa, la iniciativa prohíbe su navegación por aguas bajo jurisdicción argentina y faculta a la Prefectura Naval y a la Armada a adoptar medidas para impedir el tránsito. Entre ellas contempla intimar a detener la marcha, exigir cambios de rumbo, ordenar el abandono de las aguas jurisdiccionales y realizar tareas de identificación y requisa de las embarcaciones y sus cargas.
Otro artículo establece que las autoridades competentes deberán rechazar las solicitudes de permisos, autorizaciones o habilitaciones para este tipo de travesías.
Asimismo, contempla la posibilidad de retener los buques en puertos argentinos cuando persistan en su navegación hacia las aguas jurisdiccionales o los puertos de las islas, siempre que las condiciones operativas lo permitan. También prevé comunicar las infracciones a la Cancillería.
Un registro de buques infractores
La propuesta incorpora la creación de un registro público de embarcaciones que incumplan o intenten incumplir las disposiciones. Su administración estaría a cargo de la Prefectura Naval Argentina.
La inscripción en ese registro implicaría restricciones para contratar con el Estado nacional y el impedimento de ingresar a puertos argentinos. Además, el proyecto invita a las provincias con litoral marítimo a establecer medidas para impedir el amarre, abastecimiento y prestación de servicios portuarios a las embarcaciones alcanzadas.
El vínculo con el abastecimiento y la actividad petrolera
En los fundamentos de la iniciativa se menciona el abastecimiento de materiales e insumos desde Punta Arenas hacia Puerto Argentino, así como las obras de infraestructura vinculadas con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las islas.
También se plantea la necesidad de complementar esta propuesta con el proyecto del diputado nacional Guillermo Michel, referido a la derogación de los convenios de reciprocidad de inversiones y doble imposición fiscal con Chile.
De esta manera, la iniciativa de Propato busca establecer restricciones a la circulación y operación de embarcaciones vinculadas con el abastecimiento de las islas, mediante un esquema que contempla medidas de intercepción, retención y sanciones administrativas.
El proyecto deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
