El gremio ferroviario quedó bajo sospecha y la Provincia deberá explicar por qué lo dejó actuar durante años
La Dirección Provincial de Puertos cuestionó las facultades de representación sindical de UPSF después de la intervención nacional. La organización, cuyo referente Juan Andrés Avellaneda adquirió protagonismo con la llegada de Nación, venía desarrollando actividad en la terminal sin que trascendieran objeciones formales de las anteriores autoridades.
USHUAIA.- Una vez más, la Dirección Provincial de Puertos quedó envuelta en una nueva controversia por la actuación de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), el sindicato que tuvo participación en las denuncias que precedieron a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Después de años de actividad gremial dentro del organismo, la administración provincial comenzó a cuestionar las facultades legales de la organización.
El planteo surgió a partir de una presentación del empleado portuario Juan Luis Benzo, que dio origen al expediente E-194-2026. La revisión terminó con un proyecto de resolución que rechaza el reconocimiento institucional de UPSF por considerar insuficiente la documentación presentada.
La medida llega cuando el puerto ya se encuentra bajo intervención nacional. Juan Andrés Avellaneda, referente fueguino del sindicato ferroviario, participó de las denuncias por presuntas irregularidades que precedieron a la decisión del gobierno de Javier Milei del 21 de enero. Posteriormente, pasó a desempeñar funciones vinculadas a la operatoria de la terminal.
El expediente provincial examinó las resoluciones que respaldan la inscripción de UPSF. La primera, de 2017, reconoció su representación sobre personal jerárquico y profesional de empresas ferroviarias. En 2024 se amplió su ámbito territorial a todo el país, aunque sin incorporar expresamente la actividad portuaria.
Los informes del Ministerio de Trabajo y Empleo y de la Secretaría de Asuntos Gremiales de Tierra del Fuego no encontraron acreditada esa ampliación. Tampoco consideraron acreditada la constitución de la denominada Seccional Normalizadora Puertos Ushuaia Tierra del Fuego ni las facultades institucionales que invoca ante el organismo.
El cuestionamiento también alcanza a las anteriores conducciones de la Dirección Provincial de Puertos. UPSF venía actuando dentro de la terminal sin que se conocieran objeciones formales sobre su representación. La revisión recién se produjo después de la intervención nacional y por iniciativa de un empleado del propio organismo.
La administración provincial deberá explicar qué controles realizó durante esos años, qué documentación exigió a los dirigentes ferroviarios y bajo qué condiciones mantuvo relaciones institucionales con el sindicato.
La demora resulta especialmente llamativa por el protagonismo que adquirió Avellaneda bajo la conducción nacional. Mientras la Provincia reclama recuperar el control del puerto, un expediente de su propia administración cuestiona las facultades de representación de una organización que ya tenía presencia en la terminal mucho antes de la intervención.
