Ordenaron frenar el proyecto petrolero Sea Lion

RÍO GRANDE.- Una medida dictada este miércoles por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto alcanza a las actividades previstas para el desarrollo de Sea Lion, en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La cautelar ordena a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con el proyecto, entre ellos perforaciones, instalaciones submarinas, infraestructura asociada y actividades destinadas a la extracción de hidrocarburos. También alcanza a obras terrestres y portuarias relacionadas con el emprendimiento.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución está relacionado con la ausencia de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. Según la información incorporada al expediente, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental había informado que no se había iniciado un aviso de proyecto ni un procedimiento de evaluación ambiental con las empresas involucradas.

La magistrada señaló que la medida no implica una definición sobre la existencia efectiva de un daño ambiental ni un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas. El fundamento de la intervención preventiva está relacionado con la necesidad de determinar previamente los posibles impactos de la actividad y las medidas destinadas a prevenirlos o mitigarlos.

La causa fue iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, quienes promovieron una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano. La Justicia Federal de Río Grande había declarado previamente su competencia para intervenir en el expediente.

En ese proceso, el Municipio de Río Grande se presentó como parte interesada. La intervención fue comunicada por el intendente Martín Perez, quien destacó la participación de la ciudad en la causa y vinculó la presentación con la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos.

En su publicación, Perez sostuvo que la resolución considera que las actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental argentina están sometidas a las leyes nacionales y requieren la intervención de las autoridades argentinas. También valoró el trabajo realizado por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

La resolución establece además que Rockhopper y Navitas deberán informar al juzgado sobre el estado actual del proyecto, su cronograma, los pozos previstos, las unidades flotantes, contratistas, estructura societaria, fuentes de financiamiento, seguros y estudios ambientales, entre otros aspectos. También deberán preservar la documentación vinculada con el emprendimiento.

El tribunal solicitó asimismo información a organismos del Estado argentino sobre eventuales procedimientos de evaluación ambiental, antecedentes administrativos, autorizaciones y otras actuaciones relacionadas con las empresas y el proyecto.

La cautelar tiene carácter provisional. Una vez incorporados los informes requeridos y con la intervención de las empresas demandadas, el juzgado deberá volver a evaluar su alcance y determinar si corresponde mantenerla, modificarla, ampliarla o dejarla sin efecto.

La decisión judicial se produce en el marco de una disputa que combina cuestiones ambientales, hidrocarburíferas y de soberanía en torno a las actividades proyectadas en el Atlántico Sur. La resolución de Borruto deja, por ahora, suspendidos los actos materiales vinculados con el desarrollo de León Marino en los términos establecidos por la Justicia Federal de Río Grande.