Martín Pérez celebró el fallo contra Rockhopper y Navitas
El intendente de Río Grande destacó la decisión de la Justicia Federal de asumir competencia en la demanda colectiva por las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. También valoró que la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego haya sido convocada al expediente.
RÍO GRANDE.- La jueza federal Mariel Borruto dio intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego por un plazo de diez días, luego de declararse competente para tramitar la demanda colectiva promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).
La causa, identificada como FCR 13706/2026, fue iniciada el 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), a raíz de las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Cuenca Malvinas Norte.
Entre los planteos formulados se encuentran cuestionamientos a operaciones que incluyen pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
La magistrada entendió que el caso no constituye únicamente una controversia ambiental o vinculada con la explotación de hidrocarburos, sino que también compromete intereses federales relacionados con la soberanía argentina. En ese sentido, sostuvo que en la causa “subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
La competencia del fuero federal también fue fundamentada en el eventual carácter interjurisdiccional de la afectación ambiental y en la jurisdicción argentina sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental.
La intervención de la Provincia se vincula con los intereses patrimoniales, ambientales y relacionados con los recursos naturales involucrados. La resolución tomó en consideración, además, el marco jurídico argentino respecto de las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes, así como el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.
El respaldo de Martín Pérez
Tras conocerse la resolución, el intendente de Río Grande se pronunció a través de sus redes sociales y destacó el alcance de la decisión judicial.
“Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, expresó.
Pérez también planteó una posición sobre el modo en que debe abordarse la cuestión Malvinas y reclamó avanzar sin privilegiar objetivos electorales inmediatos.
“Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, manifestó. El intendente cerró su mensaje con una definición breve: “Este es el camino”.
Las medidas cautelares siguen pendientes
La resolución no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda ni sobre las medidas cautelares solicitadas contra las empresas.
Borruto postergó el análisis de esas medidas hasta que los demandantes completen, dentro de un plazo de cinco días, determinados requisitos procesales vinculados con documentación incorporada al expediente.
Entre los pedidos cautelares se encuentra la suspensión de las actividades cuestionadas mientras continúa el proceso judicial. Una vez cumplidos los recaudos establecidos, el juzgado deberá determinar si corresponde avanzar con esas medidas.
El expediente queda así abierto a nuevas intervenciones, incluida la que deberá definir la Fiscalía de Estado fueguina, mientras la Justicia Federal analiza los planteos vinculados con las operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
